El impuesto de plusvalía municipal ha experimentado un aumento del 133% en los últimos cinco años para las transmisiones de inmuebles adquiridos entre siete y once años antes. Esta medida, implementada por el Ministerio de Hacienda bajo el liderazgo de María Jesús Montero, afecta especialmente a quienes venden, heredan o reciben propiedades en donación, penalizando notablemente las operaciones realizadas entre 2015 y 2019.
La cuota del impuesto se determina mediante coeficientes multiplicadores aplicados al valor catastral de los terrenos. Estos coeficientes varían según el tiempo transcurrido desde la adquisición hasta la transmisión del bien. A partir del 1 de enero de 2026, entrará en vigor una revisión de los topes máximos, resultado de un real decreto aprobado el 23 de diciembre de 2025.
Este decreto, negociado entre el Ejecutivo del PSOE y Sumar con el apoyo de EH Bildu, aún está pendiente de convalidación en el Congreso de los Diputados antes del 31 de enero. La falta de apoyo garantizado de sus socios puede influir en su aprobación.