El Tribunal de Apelación de París ha decidido excluir un 30 % de los contratos relacionados con la acusación de financiación ilícita contra Marine Le Pen, lo que representa un avance en su defensa. Esta decisión se produce tras una revisión de los contratos de asistentes parlamentarios que, según la sentencia del Tribunal Correccional en marzo, en realidad habrían trabajado para su partido, el Reagrupamiento Nacional.
La Fiscalía había inicialmente incluido estos contratos, valorados en 4,4 millones de euros entre 2004 y 2016, en la acusación. Sin embargo, tras una evaluación más detallada, concluyó que no había suficientes evidencias de que fueran válidos. Esta modificación fue aceptada por el tribunal, marcando un cambio significativo en la estrategia judicial.
En el juicio de primera instancia, Le Pen había negado cualquier delito, aunque en la audiencia reciente admitió la posibilidad de haber cometido un error, destacando que no tenía la intención de infringir la ley. Sus abogados han expresado su satisfacción con la nueva postura de la Fiscalía, señalando una actitud más favorable por parte de los jueces de apelación en comparación con la instancia anterior.