El sector agrícola español se enfrenta a una crisis acentuada por el aumento del precio del gasóleo agrario, que ha alcanzado los 1,649 euros por litro, un incremento del 48% en comparación con el año anterior. Este aumento ha encarecido el llenado de los depósitos de los tractores, alcanzando un coste de hasta 422 euros. Ante esta situación, cooperativas y organizaciones agrarias como Asaja, UPA y Coag han convocado movilizaciones para el 30 de septiembre, fecha en la que finaliza la ayuda actual al gasóleo agrario.
Las organizaciones agrarias han manifestado su descontento y han exigido una prórroga de esta ayuda, así como su aplicación directa en el suministro. Además, piden que se incluya el sobrecoste del gasóleo en la orden de módulos del IRPF para el año 2026. La ausencia de una respuesta clara por parte del Gobierno ha generado un clima de urgencia, ya que las organizaciones están listas para llevar sus tractores a las calles en protesta.
El pasado 7 de septiembre, el precio del gasóleo agrario ya había alcanzado niveles récord. Esta situación ha sido exacerbada por el conflicto en Irán, que ha incrementado los costos de producción de manera significativa. Según las organizaciones agrarias, esta subida de precios de combustibles y fertilizantes ha llevado a una reducción drástica en la rentabilidad de agricultores y ganaderos en todo el país.
En respuesta a la crisis de los fertilizantes, el Gobierno anunció dos lotes de medidas que suman casi 700 millones de euros, que ya han comenzado a ser abonados. Sin embargo, los agricultores y ganaderos no han encontrado alivio suficiente a la crisis de rentabilidad, que se ha agudizado desde el año 2024, cuando ya comenzaron a organizar protestas y movilizaciones. Las medidas adoptadas hasta ahora no han logrado revertir la situación de crisis que afecta a este sector vital de la economía española.
El aumento constante en los precios de los insumos, que incluye combustible, energía y mano de obra, ha llevado a los agricultores a un punto crítico. Esta situación no solo afecta a los productores, sino que también tiene repercusiones en la cadena de suministro y en el precio final de los alimentos. Las movilizaciones programadas para el próximo 30 de septiembre reflejan la urgencia de los agricultores por obtener respuestas efectivas que les permitan continuar con su actividad.
Contexto: El sector agrícola español ha estado bajo presión desde el inicio de la guerra en Irán, lo que ha incrementado los costos operativos. Las organizaciones agrarias han estado luchando por ayudas que les permitan mitigar los efectos de esta crisis. En el pasado, el Gobierno ha implementado algunas medidas de apoyo, pero hasta ahora estas no han sido suficientes para aliviar la carga financiera que enfrentan los agricultores y ganaderos, quienes son fundamentales para la economía rural de España.