Las pequeñas y medianas empresas (pymes) deberán adaptarse a la nueva Directiva (UE) 2023/970, que exige informar sobre los salarios antes de formalizar cualquier contrato laboral. Esta normativa, que entrará en vigor antes de junio de 2026, busca establecer un marco claro para la transparencia salarial y evitar discrepancias retributivas injustificadas.
Entre los cambios más significativos, las empresas ya no podrán preguntar a los candidatos sobre sus salarios anteriores, y deberán justificar cualquier diferencia salarial superior al 5%. La carga de la prueba recaerá en las empresas, que tendrán que documentar sus criterios retributivos para evitar conflictos y sanciones.
Según el abogado laboralista Jaume Barcons, esta medida transformará profundamente la gestión de los salarios en las pymes, que hasta ahora han tenido mayor flexibilidad en este ámbito. La normativa pretende asegurar una negociación justa y transparente, eliminando prácticas discriminatorias en los procesos de selección.