La nueva propuesta del Ministerio de Trabajo de España, liderada por la vicepresidenta segunda y ministra Yolanda Díaz, busca abordar la brecha salarial entre hombres y mujeres y ha sido presentada para cumplir con una directiva europea. Este nuevo planteamiento se ha hecho público tras el vencimiento del plazo que expiró el 7 de junio de 2026, generando críticas tanto de sindicatos como de la CEOE, que consideraron la anterior propuesta insuficiente y demasiado severa.
Entre los ajustes más destacados, se encuentra la ampliación del plazo para que las empresas corrijan las desigualdades salariales no justificadas. Este nuevo periodo se extiende a seis meses, en comparación con los dos meses que se proponían inicialmente. Además, el Ministerio ha establecido un calendario escalonado que obliga a las empresas con 150 trabajadores o más a reportar sus brechas retributivas antes del 7 de junio de 2027. Para aquellas con un número de empleados que oscile entre 50 y 149, el plazo se ha fijado hasta 2031.
El Ministerio también propone medidas de acompañamiento dirigidas a pequeñas y medianas empresas, que incluyen la provisión de información y apoyo técnico para facilitar la adaptación a la nueva normativa. Estas acciones se enmarcan dentro del Sistema de Formación Profesional para el Empleo, con compromisos para desarrollar formaciones específicas que serán financiadas por los instrumentos de la normativa vigente y gestionadas, en ciertos casos, por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae).
El nuevo real decreto, que se encuentra en audiencia pública, tiene como objetivo erradicar las desigualdades salariales y responde a la presión ejercida por los agentes sociales. Los sindicatos habían criticado la anterior versión, calificándola de “intento normativo incompleto”, mientras que la CEOE alertó que la propuesta original endurecía las exigencias de la directiva europea. La respuesta de Trabajo busca equilibrar las necesidades de las empresas con la necesidad de promover la igualdad salarial.
Contexto: La propuesta del Ministerio de Trabajo se alinea con los esfuerzos más amplios de la Unión Europea para garantizar la igualdad salarial, en un momento en que la brecha retributiva sigue siendo un problema significativo en varios países miembros. La directiva de transparencia salarial es parte de un marco más amplio para fomentar la equidad en el lugar de trabajo y se implementa en un contexto donde el empleo en España se recupera tras la pandemia, pero aún enfrenta retos relacionados con la desigualdad de género en el ámbito laboral.