La Inspección de Trabajo ha iniciado un expediente sancionador contra Glovo debido a la continuación de sus operaciones en Barcelona el pasado 8 de julio, cuando las temperaturas superaron los 40 grados y se emitió una alerta roja por parte de Meteocat. Entre las 12h y las 18h de ese día, las condiciones meteorológicas fueron consideradas peligrosas, lo que llevó al sindicato CGT a denunciar la situación.
La Inspección ha clasificado la acción de Glovo como una “infracción grave” en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. Las sanciones que pueden derivarse de este expediente tienen un rango que va desde 2.451 euros en su grado mínimo hasta 49.180 euros en el máximo. Glovo ha manifestado que no ha recibido aún notificación oficial sobre la apertura de este expediente, argumentando que no se han tomado medidas adecuadas para proteger a sus repartidores del calor extremo.
En el transcurso de la investigación, Glovo presentó su protocolo interno para situaciones de climatología adversa, el cual establece que el servicio debe suspenderse temporalmente en las áreas afectadas durante la alerta roja para aquellos repartidores que utilicen bicicleta, patinete o motocicleta. La compañía asegura que esta pausa sería remunerada y no afectaría negativamente a los trabajadores. Sin embargo, la Inspección de Trabajo ha determinado que el protocolo no fue aplicado el 8 de julio.
El año pasado, los repartidores de Glovo lograron convertirse en asalariados después de que la empresa cediera a las presiones por las sanciones económicas. A pesar de esta transición a un modelo laboral más protegido, los sindicatos continúan señalando incumplimientos en materia de seguridad y prevención de riesgos. Uno de los puntos criticados es la falta de equipos de protección individual (EPIS) para hacer frente a las altas temperaturas.
Glovo sostiene que proporciona a sus repartidores productos como electrolitos efervescentes, crema solar y gafas de sol. Sin embargo, la Inspección de Trabajo solo ha podido verificar la entrega de estos kits a un pequeño grupo de 40 trabajadores, lo que representa un porcentaje mínimo del total de su flota en Barcelona.
Contexto: En los últimos años, el debate sobre las condiciones laborales de los repartidores ha cobrado relevancia en España, especialmente tras la entrada en vigor de la ley Rider en 2021, que obliga a las plataformas a tratar a sus trabajadores como asalariados en lugar de autónomos. Esta normativa busca mejorar las condiciones de trabajo en un sector que ha crecido significativamente, impulsado por el aumento de la demanda de entregas a domicilio. La presión de los sindicatos y las autoridades laborales ha llevado a empresas como Glovo a revisar sus prácticas, aunque las denuncias de incumplimiento continúan siendo una constante en la discusión pública.