Un reciente estudio de Informa D&B destaca un aumento en la aplicación de intereses de demora entre los empresarios en España. El porcentaje de encuestados que reportaron cobrar estos recargos por retrasos en los pagos de sus clientes ha subido del 12,26% al 13,65% en el último año. A pesar de este incremento, sigue siendo un dato bajo en comparación con el total de empresas.
Los intereses que pueden ser reclamados, tanto a la sociedad como al administrador, también han visto un alza, pasando del 10,15% al 10,40% para el segundo semestre de 2026. Esta información fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el 30 de junio de este año. Este tipo de recargo es considerablemente superior al interés legal del dinero, el cual pueden cobrar autónomos y pymes junto con los gastos de reclamación, conforme a la Ley/2004 de lucha contra la morosidad.
Por ejemplo, un autónomo con una deuda de 6.000 euros podría reclamar un sobrecoste de 624 euros en concepto de intereses, además del monto adeudado y los gastos asociados a la reclamación. Sin embargo, a pesar de que hay un marco legal que permite esta reclamación, muchos empresarios se muestran reacios a hacerlo por miedo a perjudicar sus relaciones comerciales con los clientes.
El aumento en el número de pymes que están exigiendo intereses de demora se da en un contexto donde este porcentaje había venido disminuyendo desde la pandemia. Otras investigaciones, como las realizadas por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), indican que los porcentajes de reclamaciones de intereses son, generalmente, más bajos, aunque también reflejan un ligero aumento durante el periodo de la pandemia.
A pesar de que el porcentaje de reclamaciones sigue siendo bajo en comparación con el total, existe una creciente demanda entre las empresas por un reglamento sancionador que permita abordar el problema del impago de facturas. Este fenómeno afecta con especial dureza a los pequeños negocios, que constituyen una parte fundamental del tejido empresarial español.
Contexto: La morosidad ha sido un problema persistente en la economía española, afectando a numerosas pymes y autónomos. Desde la pandemia, muchos empresarios han experimentado dificultades en el cobro de facturas, lo que ha llevado a un aumento en la demanda de medidas que regulen esta situación. La legislación actual ofrece ciertas herramientas, pero su aplicación efectiva es limitada por factores como el temor a dañar relaciones comerciales. La discusión sobre la necesidad de un régimen sancionador para combatir estos impagos sigue abierta en el ámbito legislativo europeo.