Las recientes alianzas entre el Partido Popular y Vox en comunidades como Extremadura, Aragón y Castilla y León han suscitado controversia debido a su enfoque ideológico en temas como la inmigración y la vivienda. Estas medidas, aunque propuestas en el ámbito autonómico, enfrentan dificultades de implementación debido a su colisión con competencias estatales y derechos consagrados por leyes orgánicas y normativas europeas.
Las iniciativas incluyen aspectos relacionados con ayudas públicas, seguridad y servicios sociales, pero su ejecución se ve limitada por el marco legal actual. En particular, algunas propuestas no pueden ser llevadas a cabo completamente por las comunidades autónomas, lo que genera un debate sobre la viabilidad de estas políticas a nivel regional.