La respuesta de las instituciones en España ante protestas no violentas ha mostrado un endurecimiento notable. Acciones como pintadas, bloqueos simbólicos y marchas silenciosas están siendo objeto de reacciones más severas por parte de policías, fiscales y tribunales.
Este cambio en la postura institucional no se debe a un aumento de la violencia, sino a una nueva estrategia para abordar manifestaciones que, aunque pacíficas, interrumpen la normalidad en las ciudades. La aplicación de medidas más estrictas ha generado un debate sobre la libertad de expresión y el derecho a la protesta en el contexto europeo.
Este endurecimiento ha comenzado a ser evidente en varios países de Europa, donde se observa una tendencia similar en la respuesta a movimientos sociales y protestas pacíficas.