La investigación relacionada con Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha sido objeto de controversia debido a las acciones del juez Juan Carlos Peinado. El fiscal José Manuel San Baldomero ha criticado la instrucción judicial, señalando irregularidades y alegando que la investigación se ha vuelto un proceso ad hominem. En este contexto, se han presentado recursos en contra del procesamiento de Gómez y la retirada de su pasaporte.
San Baldomero ha descrito las diligencias realizadas por el juez como extravagantes e inútiles. Un ejemplo de esto es la citación a declarar de figuras políticas como el presidente Sánchez y el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. Según el fiscal, la actitud del juez parece estar motivada por un objetivo extraprocesal, conocido como "la pena de banquillo", en lugar de basarse en pruebas sólidas contra los acusados.
Los tres acusados en este caso son Begoña Gómez, su asistente Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés. San Baldomero ha argumentado que la instrucción carece de los indicios mínimos necesarios para justificar el procesamiento de estas personas. A pesar de esto, el juez Peinado ha mantenido su causa durante dos años, impulsado por cuatro organizaciones de extrema derecha: Vox, Manos Limpias, Iustitia Europa, y Movimiento por la Regeneración Política, además de un grupo ultracatólico, Hazte Oír.
La situación ha generado un considerable debate en el ámbito judicial y político en España, ya que muchos cuestionan la imparcialidad del proceso y la motivación detrás de la instrucción. Las acusaciones de irregularidades han llevado a un escrutinio más profundo sobre cómo se están llevando a cabo las investigaciones en casos que involucran a figuras políticas de alto perfil.
Contexto: La investigación sobre Begoña Gómez se inscribe en un contexto de creciente tensión política en España, donde las acusaciones de corrupción y irregularidades han afectado a varios miembros del Gobierno. La independencia del poder judicial ha sido un tema recurrente, especialmente en casos que involucran a altos funcionarios. Las organizaciones mencionadas han estado activas en la política española, buscando influir en decisiones judiciales y políticas. Este caso continúa siendo relevante a medida que se desarrolla la situación política en el país.