El Gobierno de España, encabezado por el ministerio de Economía, Comercio y Empresa, liderado por Carlos Cuerpo, rechaza la propuesta de grandes eléctricas como Iberdrola y Endesa de que el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) asuma los costos de las indemnizaciones por el apagón ocurrido el 28 de abril de 2025. Este apagón, que ha sido objeto de numerosos informes técnicos, aún no tiene un responsable legal definido más de un año después del incidente.
Las compañías eléctricas y algunas aseguradoras han sugerido que el CCS, un fondo solidario adscrito al ministerio de Economía que cubre los daños de grandes desastres, podría ser la opción más adecuada para gestionar los costos derivados del apagón. Sin embargo, para que el CCS actúe, el Gobierno debe declarar el evento como una catástrofe de fuerza mayor, como se hizo en el caso de las inundaciones de la dana de 2024.
El CCS se financia a través de inversiones propias y cuotas de primas de seguros, y tras la dana de 2024, contaba con reservas de aproximadamente 10.000 millones de euros. Las eléctricas argumentan que, al recurrir al CCS, se podría evitar un prolongado y complicado proceso judicial para determinar la responsabilidad del apagón, que podría extenderse por años y dispersarse en múltiples juzgados en toda España.
Aunque actualmente no se ha definido un culpable por el corte de luz, los informes técnicos han apuntado a causas multifactoriales, sin llegar a establecer un responsable concreto. Esta falta de claridad legal genera incertidumbre sobre el futuro del litigio y las posibles compensaciones por daños y perjuicios que las empresas pueden reclamar.
El ministerio de Economía ha tomado una postura firme al respecto, afirmando que por ahora no se contempla la posibilidad de que el CCS cubra estas indemnizaciones. Fuentes gubernamentales han señalado que la idea de cargar esos costos al consorcio no es viable, manteniendo que las responsabilidades deben ser determinadas en función de los informes técnicos que se han elaborado.
Contexto: El apagón del 28 de abril de 2025 fue un evento significativo que afectó a millones de ciudadanos en España, generando un debate amplio sobre la infraestructura eléctrica del país y la responsabilidad de las empresas en la gestión de crisis. La incertidumbre sobre la culpabilidad y las compensaciones ha llevado a un clima de tensión entre las compañías eléctricas y el Gobierno, que busca salvaguardar los intereses de los consumidores y garantizar que las indemnizaciones se manejen de manera justa y adecuada. Este caso se suma a otros desafíos que enfrenta el sector energético en España, marcado por la transición hacia fuentes de energía más sostenibles y la necesidad de modernizar la infraestructura existente.