La situación judicial en España ha generado tensiones políticas significativas, especialmente tras la decisión del juez Juan Carlos Peinado de retirar el pasaporte a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez. Esta medida se produce en un contexto donde el Tribunal Supremo, bajo la dirección de Pablo Llarena, ha rechazado la aplicación de la ley de amnistía aprobada por el Congreso en mayo de 2024, que podría beneficiar a líderes independentistas catalanes.
Desde el 1 de julio de 2024, la oposición judicial al Gobierno ha aumentado, con críticas sobre la forma en que se gestionan los casos según la orientación política de los implicados. Este problema ha suscitado la percepción de que la justicia española podría estar buscando justificaciones para no aplicar la amnistía, a pesar de que tribunales europeos la consideren legal.
La controversia también ha afectado al Partido Popular, que se ha beneficiado de la desconfianza hacia el Gobierno por parte de los independentistas, quienes acusan a la administración actual de obstaculizar la aplicación de la ley. Además, se han señalado ejemplos de asimetría en las decisiones judiciales, destacando la rápida destitución del Fiscal general del Estado en contraste con la lentitud en los casos de corrupción, como el de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.