El Consejo de Política Fiscal y Financiera ha aprobado un nuevo modelo de financiación autonómica, que se implementará el 1 de enero de 2027. Este modelo ha sido respaldado únicamente por las comunidades autónomas de Cataluña y Canarias, mientras que la mayoría de las regiones, tanto del PP como del PSOE, lo han rechazado, considerándolo discriminatorio y beneficioso para el independentismo. La Comunidad de Madrid no asistió a la reunión en protesta y solicitó a otras comunidades gobernadas por el PP que se unieran al boicot, aunque finalmente estas sí participaron.
A pesar de la oposición de la mayoría de las comunidades, el nuevo modelo ha conseguido salir adelante gracias a que los órganos del Estado poseen la mitad de los votos en el Consejo. Esto significa que los apoyos de Cataluña y Canarias son suficientes para que la propuesta avance. A continuación, se deberá redactar el texto legal correspondiente, que requerirá la aprobación del Consejo de Ministros antes de su presentación en el Congreso, un proceso que está lleno de incógnitas.
El ministro de Hacienda, Arcadi España, se defendió tras la reunión, afirmando que el modelo acordado es común para todas las comunidades y ciudades autónomas. A pesar de que este sistema proporciona a Cataluña 4.800 millones de euros adicionales al año, Junts ha manifestado que exige más, buscando establecer un régimen similar al Cupo Vasco. España negó que el nuevo modelo esté diseñado específicamente para beneficiar a Cataluña, describiéndolo como una "sintesis razonable" que toma en cuenta las particularidades de cada territorio.
Las diferencias en torno al nuevo modelo de financiación han generado un amplio debate entre las comunidades autónomas. La oposición del PP y del PSOE se ha manifestado en la calificación de este sistema como "aberrante", al llegar a la cumbre con el Ministerio de Hacienda. Se espera que la falta de apoyo de los socios del Gobierno complique aún más la aprobación del nuevo modelo en el Congreso.
Contexto: El debate sobre la financiación autonómica ha sido un tema recurrente en la política española, con diversas propuestas a lo largo de los años. El modelo actual se ha visto criticado por su falta de equidad entre las comunidades, lo que ha llevado a la necesidad de una reforma. Las comunidades autónomas juegan un papel crucial en la administración y distribución de recursos en España, y la forma en que se financian afecta directamente a su capacidad de gestión y a los servicios que pueden ofrecer a sus ciudadanos. La situación actual refleja tensiones políticas significativas en torno a la autonomía regional y la igualdad en el acceso a recursos financieros.