La propuesta de la Comisión Europea sobre la ley de Ciberseguridad busca establecer un veto obligatorio a los fabricantes chinos en las redes móviles, permitiendo un plazo de tres años para su sustitución. Esta legislación también podría extenderse a infraestructuras fijas, satelitales y cables submarinos, aunque sin un plazo definido para el reemplazo de equipos en estas últimas.
Óscar López, ministro español para la Transformación Digital, expresó en la reciente reunión del Consejo de Ministros de Telecomunicaciones en Luxemburgo que compete a los Estados miembros decidir sobre los proveedores de telecomunicaciones, argumentando que la seguridad nacional debe prevalecer en estas decisiones. España se opone a permitir que la Comisión Europea designe a los denominados proveedores de alto riesgo, lo que podría llevar al veto de empresas como Huawei y ZTE.
A pesar de las acciones de otros países europeos, España mantiene una relación cercana con China y ha evitado clasificar a estos proveedores como de alto riesgo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado en varias ocasiones la colaboración con Huawei en el desarrollo del 5G en el país.