España se ha consolidado como el país con el mayor número de laudos internacionales de inversión impagados, alcanzando un total de 25 resoluciones pendientes, según el informe ‘Report on Compliance with Investment Treaty Arbitration Awards’. Este estudio, que ya va por su quinta edición, es elaborado por el International Law Compliance Institute, un think tank situado en los Países Bajos y dirigido por el jurista Nikos Lavranos. En segundo lugar se encuentra Venezuela, que tiene 24 laudos pendientes, y Rusia en tercer lugar, con 13.
Desde una perspectiva económica, la situación se presenta de forma diferente. Rusia lidera el ranking en términos de montos económicos, con 61.800 millones de dólares pendientes de pago, seguida por Venezuela, que suma 19.300 millones de dólares. España ocupa la tercera posición con más de 2.000 millones de dólares en laudos internacionales impagados. Este conflicto se origina por la eliminación retroactiva de ayudas a las energías renovables que se implementaron durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, pero que fueron revocadas por el gobierno de Mariano Rajoy.
El informe también destaca el crecimiento del arbitraje internacional de inversiones. A finales de 2025, se habían iniciado 1.463 procedimientos para resolver disputas entre inversores y Estados. De estos, 1.112 ya han concluido, mientras que 311 se encontraban en tramitación y 40 tenían un estado desconocido debido a cláusulas de confidencialidad. Del total de procedimientos finalizados, el 38% resultó favorable para el Estado demandado.
El impacto de estos laudos impagados es significativo para la economía española, ya que refleja las consecuencias de decisiones políticas en el ámbito de las energías renovables. Las reclamaciones de los inversores están ligadas a la incertidumbre generada por cambios en las políticas gubernamentales, lo que ha llevado a un aumento de los litigios internacionales. Este contexto complica el clima de inversión en España, afectando la confianza de los inversores extranjeros.
Contexto: Desde la crisis económica de 2008, España ha enfrentado desafíos significativos en el sector de las energías renovables. La eliminación de las primas a la producción de energía renovable ha sido un punto de controversia, llevando a múltiples demandas internacionales. En este marco, las grandes empresas y sindicatos han solicitado recuperar medidas que favorezcan el sector, como la excepción ibérica al gas, que las grandes eléctricas han rechazado. La evolución de estos laudos y su impacto en la política energética de España son aspectos clave para entender la situación actual del país en el contexto internacional.