Las comunidades autónomas de España enfrentarán un aumento significativo en el gasto destinado al pago de intereses de la deuda pública, según un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Para 2029, se prevé que este gasto anual se eleve un 54,7%, alcanzando los 11.528 millones de euros, un monto comparable al presupuesto de regiones como Galicia o el País Vasco.
En 2025, el coste por intereses de deuda se situará en 7.452 millones de euros, pero las proyecciones indican un incremento progresivo. Durante 2026, se estima que las comunidades desembolsarán cerca de 8.000 millones de euros, seguido de 8.786 millones en 2027, y 9.981 millones en 2028. Esta tendencia de aumento es particularmente marcada en regiones como La Rioja, Cantabria, Murcia y la Comunidad Valenciana, donde algunos lugares superarán el 70% de incremento en sus gastos por intereses en comparación con años anteriores.
Fedea advierte sobre la creciente preocupación respecto a la evolución de la deuda pública y sus implicaciones financieras para las administraciones públicas, especialmente para las comunidades autónomas. La posible condonación de deuda autonómica podría generar un ahorro de hasta 6.700 millones de euros en intereses, aunque la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) señala que estos ahorros no podrán ser utilizados para financiar gasto social o sanitario.
El impacto de estos gastos es considerable, ya que el aumento en el pago de intereses podría equivaler al coste de construir y equipar más de una treintena de hospitales del tamaño del Universitario La Paz de Madrid. Los economistas han expresado su preocupación por el costo financiero que la deuda pública creciente está imponiendo al Estado, lo que podría afectar la capacidad de las comunidades para invertir en servicios esenciales.
En 2026, el escenario económico para las comunidades autónomas se torna complicado, ya que deberán gestionar un incremento en sus gastos sin un aumento proporcional en sus ingresos. Esto podría llevar a una mayor presión sobre los presupuestos regionales y limitar la capacidad de gasto en áreas críticas como la sanidad y la educación.
Contexto: El control y gestión de la deuda pública han sido temas recurrentes en la agenda de la política económica en España. Desde la crisis financiera de 2008, las comunidades autónomas han tenido que adaptarse a un entorno de creciente deuda y restricciones fiscales. En este contexto, los ministros como Arcadi España y Ángel Víctor Torres han estado involucrados en debates sobre cómo abordar la sostenibilidad financiera de las regiones, mientras que el papel de instituciones como la AIReF se vuelve crucial para monitorear y asesorar sobre la política fiscal.