La Audiencia Nacional ha anulado una liquidación de IRPF impuesta a un autónomo, así como la sanción asociada, que ascendía a 391.915,53 euros. Este fallo se debe a que la Inspección de Hacienda no tuvo en cuenta las alegaciones presentadas por el contribuyente dentro del plazo establecido. El tribunal dictó esta resolución el 3 de junio de 2026 mediante la sentencia 244/2026, destacando que la Administración vulneró el derecho de defensa del afectado.
El autónomo había enviado sus alegaciones por correo el último día permitido, pero la Agencia Tributaria dictó y notificó la liquidación al día siguiente, antes de que el escrito llegara a su registro, lo que ocurrió seis días después. La Audiencia Nacional determinó que anular el acto no equivale a permitir que Hacienda retome el expediente para corregir su error, lo que significa que no se puede volver atrás en el proceso para subsanar la falta.
El tribunal también rechazó la retroacción solicitada por el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), que habría permitido a Hacienda revisar las alegaciones y realizar una nueva liquidación. Gabriel Padilla Franco, socio director de Bufete Padilla, comentó que esta resolución no implica un cambio radical en la doctrina, sino que refuerza una línea ya establecida por el Tribunal Supremo, subrayando que la Administración no puede ignorar las alegaciones presentadas en tiempo y forma.
Este fallo tiene implicaciones significativas para autónomos y pequeñas y medianas empresas (pymes) que puedan encontrarse en situaciones similares, donde sus alegaciones sean desestimadas sin la debida consideración. La Audiencia Nacional ha sentado un precedente importante al afirmar que no cualquier omisión justifica la nulidad, sino que debe afectar realmente al derecho de defensa o vaciar de contenido un trámite.
La decisión también recalca que presentar alegaciones el último día no es una trampa, sino un derecho del contribuyente. Además, se establece que los autónomos no están obligados a utilizar exclusivamente medios electrónicos para presentar sus alegaciones, lo que amplía las posibilidades de defensa frente a posibles errores administrativos.
Contexto: La administración tributaria en España ha enfrentado críticas por su manejo de las alegaciones de los contribuyentes, especialmente en el caso de autónomos y pymes. En años anteriores, diversas decisiones judiciales han señalado la importancia de garantizar el derecho de defensa en los procedimientos administrativos. La Agencia Tributaria también ha implementado reformas para mejorar la gestión de las liquidaciones y la comunicación con los contribuyentes, aunque la efectividad de estas medidas continúa siendo objeto de debate en el ámbito legal y administrativo.