La Comisión Europea ha solicitado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que imponga sanciones a España por no haber implementado una directiva que exime del IVA a pequeñas empresas y autónomos con ingresos anuales inferiores a 85.000 euros. Este requerimiento se enmarca en el contexto de la falta de adopción de normativas europeas, lo que genera distorsiones en la competencia dentro del mercado común.
La denuncia también abarca la inacción de España en la transposición de otra directiva relacionada con la tributación de servicios digitales y bienes de segunda mano. En este sentido, la Comisión argumenta que España es el único país de la UE que no ha incorporado estas directivas, lo que justifica su petición de sanciones financieras.
A pesar de que el gobierno español sostiene que la aplicación de la exención es opcional, Bruselas insiste en que las pymes en España deberían tener la posibilidad de beneficiarse de este régimen, tal como ocurre en otros Estados miembros. La Comisión ha reiterado que para que una pyme española pueda acogerse a la exención en otro país de la UE, debe estar registrada ante las autoridades españolas.