La situación energética en Europa se complica a medida que España se encuentra aislada en su defensa del reglamento de metano, una normativa que exigirá a las empresas energéticas demostrar que sus proveedores cumplen con estándares medioambientales equivalentes a los de la Unión Europea. Este reglamento tiene como fecha de entrada en vigor el 1 de enero de 2027, pero la actual crisis en el estrecho de Ormuz ha impulsado a varios países a reconsiderar su postura. El comisario de Energía, Dan Jørgensen, mencionó la posibilidad de retrasar el reglamento en un año, especialmente en lo que respecta a los combustibles importados.
Francia ha sido uno de los últimos países en presionar a Bruselas para modificar la normativa. En una carta enviada el 18 de septiembre a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente francés destacó que las reservas mundiales de petróleo han disminuido en más de 500 millones de barriles a raíz de la guerra en Irán. En su misiva, Macron alertó que, si el estrecho de Ormuz no reabre pronto, el mercado global podría perder al menos 4 millones de barriles diarios adicionales una vez que se agoten las reservas saudíes, lo que incrementaría aún más la presión sobre los precios de la energía.
El presidente francés también expresó que los operadores de hidrocarburos en su país están enfrentando "dificultades crecientes para confirmar las entregas de combustible de las próximas semanas". A pesar de la creciente preocupación en Europa, España se mantiene firme en su defensa del reglamento, aunque el Gobierno admite que el choque energético global está afectando la situación.
Macron calificó la preparación del reglamento de metano como "insatisfactoria" y recordó que la misma Comisión recomendó a los gobiernos posponer la aplicación de sanciones por incumplimiento durante tres años, hasta finales de 2029. Sin embargo, advirtió que la existencia de una obligación no bien preparada podría conllevar riesgos adicionales de litigios para los importadores de energías fósiles, en un contexto donde las condiciones de suministro se continúan deteriorando.
La postura de España contrasta con la de otros países europeos, que están cada vez más preocupados por la estabilidad del suministro energético. El reglamento de metano, si se aplica en su forma actual, podría dejar fuera de juego a una parte significativa de las importaciones de gas y petróleo que Europa necesita urgentemente.
Contexto: Desde la crisis energética que comenzó a afectar a Europa en 2021, el precio del gas y de los combustibles ha experimentado un aumento considerable. La dependencia de las importaciones de hidrocarburos, especialmente de países fuera de la UE, ha hecho que la región busque fortalecer su normativa medioambiental. Sin embargo, la situación geopolítica y las tensiones en el mercado global han llevado a un cuestionamiento de estas regulaciones. Las empresas energéticas y los gobiernos de varios países buscan un equilibrio entre la sostenibilidad y la seguridad energética, lo que complica la implementación de normativas como la del metano en el contexto actual.