El Gobierno ha decidido suavizar algunas sanciones relacionadas con el cumplimiento del decreto sobre centros de datos, aunque mantiene exigencias que el sector considera difíciles de cumplir. Este cambio fue aprobado por el Consejo de Ministros y se publicó el 20 de noviembre de 2026. A pesar de la reducción de las sanciones, se requiere que los centros de datos que superen los 10 megavatios de potencia cubran el 80% de su consumo con energía renovable nueva y que ajusten este consumo hora a hora con producción limpia.
Las modificaciones incluyen la eliminación de las causas específicas que podían resultar en la revocación del permiso de conexión, así como la sustitución de recargos de hasta el 500% por compensaciones monetarias. Sin embargo, las dos condiciones principales, que son consideradas inviables por el sector, permanecen en vigor. Estas condiciones exigen que el 80% del consumo anual se cubra mediante autoconsumo o contratos de al menos seis años con plantas renovables en España que hayan sido puestas en servicio en los tres años previos.
Además, cada hora se debe garantizar que al menos el 80% de la producción renovable esté disponible para cubrir el consumo. Los proyectos que aún no estén conectados tendrán un plazo de seis meses para demostrar que cumplen con los requisitos energéticos y ambientales establecidos. De no hacerlo, se verán obligados a perder tanto el permiso como los avales que hayan depositado.
La Asociación Española de Centros de Datos, conocida como SpainDC, ha expresado su intención de recurrir el decreto en los tribunales, solicitando que se suspenda su aplicación de manera cautelar. Según la asociación, las condiciones impuestas constituyen un "veto de facto" a la creación de nuevos centros de datos en el país, lo que podría limitar la expansión del sector.
Por otro lado, la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, ha defendido que estas medidas podrían posicionar a España como un líder mundial en el ámbito de la sostenibilidad energética, adelantándose a los desafíos que han enfrentado otros países. El decreto es aplicable a instalaciones que tengan un mínimo de 10 megavatios de potencia de acceso, en contraste con el primer borrador que contemplaba esta obligación desde 1 megavatio.
Contexto: Desde hace varios años, el sector de los centros de datos ha crecido significativamente en España, impulsado por la digitalización y la necesidad de almacenamiento de datos. Sin embargo, este crecimiento ha generado preocupaciones sobre el consumo energético y su impacto en el medio ambiente. Las medidas propuestas por el Gobierno buscan equilibrar el desarrollo del sector con la sostenibilidad, en un contexto donde la Unión Europea ha establecido objetivos ambiciosos de reducción de emisiones y promoción de energías renovables.