El Tribunal Supremo ha declarado nulo el real decreto de universidades impulsado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Universidades, Diana Morant. Esta decisión pone fin a un intento de la administración por controlar quién puede abrir una universidad en España. La corte no entró en el fondo del contenido del decreto, sino que se centró en el hecho de que la urgencia de su tramitación fue utilizada para evitar la consulta pública necesaria, como estipula la ley.
La urgencia fue decretada en abril de 2025 para que la norma comenzara a aplicarse al inicio del curso académico 2025-2026. Sin embargo, el decreto no entró en vigor hasta el 28 de octubre, cuando las clases ya habían comenzado, lo que hizo que la tramitación urgente resultara ineficaz. El Tribunal consideró que las razones presentadas por el Ejecutivo, como el crecimiento de las universidades privadas y la educación virtual, no eran circunstancias extraordinarias e imprevisibles.
El contenido del decreto había sido criticado por establecer requisitos excesivamente restrictivos para la creación de nuevas universidades. Por ejemplo, se exigía un mínimo de 4.500 alumnos, así como la oferta de al menos 10 grados, 6 másteres y 3 doctorados. Estas condiciones excluían a muchas instituciones educativas, limitando las opciones disponibles para los estudiantes.
El preámbulo del decreto lamentaba el aumento de universidades privadas en España, que pasaron de 4 en 1983 a 46 en la actualidad, y que el 26% de los universitarios se matricula en programas virtuales. Se argumentaba que esta situación requería una corrección inmediata, ya que miles de familias optaban por alternativas educativas distintas a las promovidas por el Gobierno.
La anulación del decreto ha sido recibida como una buena noticia por muchos en la comunidad educativa, ya que se considera que su contenido era perjudicial. Al no poder imponer que los estudiantes elijan lo que el Gobierno desea, se buscaba restringir las alternativas disponibles. Este cambio en la regulación podría abrir una nueva etapa en la educación superior en España, permitiendo una mayor diversidad de opciones para los estudiantes.
Contexto: El Tribunal Supremo ha tomado esta decisión en un momento en el que el debate sobre la educación superior en España está más presente que nunca. Las universidades privadas han crecido significativamente en las últimas décadas, lo que ha generado tensiones con las instituciones públicas. Este fallo del Supremo podría influir en la política educativa del país y en cómo se regulan las universidades en el futuro, en un contexto donde la demanda de educación superior sigue aumentando.