Un incremento del 20,2% en el número de deudores concursados se ha registrado en España durante el segundo trimestre de 2026, alcanzando un total de 14.608 casos, según datos del Colegio de Registradores. Esta cifra resalta la necesidad de realizar cambios urgentes en la Ley Concursal, según reclaman los administradores concursales, quienes argumentan que las deficiencias en los procedimientos para autónomos y microempresas continúan sin resolverse cuatro años después de la reforma.
La preocupación se centra en la escasa supervisión de los concursos que no cuentan con bienes suficientes, lo que puede dificultar el control de las operaciones y la búsqueda de soluciones antes del cierre de los negocios. En el tercer trimestre de 2025, los concursos “sin masa” representaron el 87% de los expedientes tramitados, lo que pone de manifiesto la situación crítica que enfrentan muchas pequeñas empresas.
La presidenta de la Asociación Profesional de Administradores Concursales (Aspac), Manuela Serrano, ha señalado que, aunque la norma ha permitido avanzar en la reestructuración de empresas viables, persisten problemas que impactan particularmente en los negocios de menor tamaño. Los administradores concursales han cuestionado el procedimiento especial destinado a microempresas, diseñado para simplificar la gestión de insolvencias. Este procedimiento es aplicable a negocios con menos de 10 trabajadores y una facturación inferior a 700.000 euros, o un pasivo que no supere los 350.000 euros.
Desde enero de 2023, dicho mecanismo permite a los deudores optar por un plan de continuación para mantener sus actividades o un plan de liquidación si el negocio no es viable. Sin embargo, los administradores han manifestado que su efectividad se ve condicionada por la falta de herramientas digitales adecuadas y un sistema que no asegura su intervención en todos los casos. La ley estipula que el deudor o los acreedores que representen al menos el 20% del pasivo pueden solicitar un administrador concursal durante la liquidación, porcentaje que se reduce al 10% si la actividad está paralizada.
A pesar de los esfuerzos por mejorar la situación, Aspac sostiene que la exclusión de administradores concursales en muchos expedientes sigue siendo un obstáculo importante. Además, se anticipa que el nuevo marco europeo exigirá una revisión adicional de la legislación española en este ámbito, lo que podría plantear nuevos desafíos para la gestión de insolvencias en el país.
Contexto: La Ley Concursal en España fue reformada en 2022 con el objetivo de facilitar la reestructuración de empresas en dificultades, especialmente las de menor tamaño. Sin embargo, el aumento en los procedimientos concursales y las críticas sobre la falta de supervisión indican que se requieren ajustes significativos para abordar las necesidades de los autónomos y microempresas. La situación económica actual, marcada por la incertidumbre y el impacto de la inflación, hace que la gestión de insolvencias sea un tema crítico para la recuperación económica y la sostenibilidad de pequeñas empresas en el país.