El Tribunal Supremo de España ha dictado una sentencia relevante sobre la responsabilidad de los administradores de pequeñas y medianas empresas (pymes) en relación con las deudas de la sociedad. A pesar de que los administradores logren sanear la situación financiera de la empresa, es posible que deban asumir las deudas con su propio patrimonio personal si no cumplen con sus obligaciones legales relacionadas con el deterioro patrimonial. Esta decisión afecta a aquellos que no actúan en el plazo de dos meses tras conocer la causa de disolución de la sociedad.
La sentencia 1477/2026, que aborda un caso específico de una reclamación por un importe de 42.000 euros, establece que el conocimiento o la falta de acción ante la causa de disolución puede tener serias consecuencias financieras para los administradores. Está claro que, aunque una sociedad limitada generalmente protege el patrimonio personal de sus socios, esta protección no exime de sus responsabilidades a quienes administran la empresa, incluso si ambas funciones recaen en la misma persona.
Horst Hölderl, abogado de RSM Spain y especialista en reestructuraciones e insolvencias, señaló que esta sentencia reafirma un criterio ya establecido, aunque precisa su aplicación en un aspecto que los tribunales inferiores habían tratado de manera diferente. Según la normativa, el plazo de dos meses inicia cuando el administrador tiene conocimiento de la situación que puede llevar a la disolución.
Sonia Clapers Conde, socia de Busquets Law and Finance, subrayó que el administrador tiene la obligación de revisar periódicamente la situación patrimonial de la empresa. Esto implica que debe ser consciente de que la ley establece una causa de disolución cuando el patrimonio neto de la sociedad se reduce por debajo de la mitad del capital social. Por ejemplo, si una sociedad limitada tiene un capital social de 60.000 euros, entraría en esta situación si su patrimonio neto baja de 30.000 euros, independientemente de si sigue cumpliendo con sus obligaciones de pago a proveedores y nóminas.
Es importante destacar que el hecho de sanear la sociedad puede prevenir nuevas responsabilidades, pero no elimina las obligaciones anteriores. Además, contratar una asesoría para la contabilidad no exime al administrador de sus deberes legales. La administración responsable de una pyme requiere una vigilancia constante sobre su estado financiero y la toma de decisiones adecuadas en tiempo y forma para evitar complicaciones legales y financieras en el futuro.
Contexto: En el ámbito empresarial español, la normativa sobre la responsabilidad de los administradores es fundamental para el correcto funcionamiento de las pymes. Las leyes vigentes buscan proteger tanto a los acreedores como a los socios y administradores, estableciendo claras obligaciones para estos últimos. En los últimos años, las pymes han enfrentado retos significativos debido a la crisis económica y la pandemia, lo que ha llevado a un aumento en el número de reestructuraciones y quiebras. Entender estas responsabilidades es crucial para la sostenibilidad de estas empresas en un entorno económico competitivo.