La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha denegado las medidas cautelares solicitadas por Santa Bárbara en su contencioso contra decisiones del Gobierno que benefician a Indra y Escribano. Esta resolución se suma al rechazo del Ministerio de Defensa a un recurso relacionado con contratos por más de 7.000 millones de euros adjudicados a estas empresas.
Los préstamos de 3.000 millones de euros aprobados mediante un real decreto fueron cuestionados por la filial española de General Dynamics, que argumentó que su ejecución podría causar perjuicios. Sin embargo, el tribunal consideró que las alegaciones de Santa Bárbara carecían de pruebas suficientes y no demostraron que los créditos pudieran amenazar su posición en el mercado o los más de 1.200 puestos de trabajo en España.
El Supremo también destacó el interés público en la modernización de la defensa nacional y la reducción de la dependencia de suministros estratégicos. Según el auto, la suspensión de los préstamos afectaría la planificación militar de las Fuerzas Armadas y se enmarca en el contexto de la política de seguridad de la Unión Europea.