La huelga general, que tuvo lugar el 12 de noviembre de 2026, ha mostrado un impacto limitado en el consumo eléctrico, que solo cayó un 7%. Esta cifra es considerablemente inferior a la de huelgas anteriores, como la de 2012. Los datos de seguimiento indican que apenas el 20% de los trabajadores se unieron a la protesta, lo que debilita la capacidad de presión de los sindicatos CCOO y UGT en un contexto de posibles recortes económicos.
A pesar de algunos bloqueos y altercados en grandes urbes, sectores como la hostelería, el transporte y el teletrabajo operaron con cierta normalidad. La escasa movilización de los trabajadores deja a las centrales sindicales en una posición débil ante el nuevo Gobierno, que enfrentará retos como la desaceleración económica y la inflación.
El objetivo de los sindicatos al convocar esta huelga era poner de relieve el problema de la vivienda, especialmente tras el aumento de los desahucios y la presión del movimiento de inquilinas. Sin embargo, la naturaleza de la protesta se alejó de las demandas salariales tradicionales, lo que podría resultar en una menor capacidad de negociación para CCOO y UGT en el futuro.
Con una reducción del 25% en la actividad de la gran industria y un consumo eléctrico que cayó un 7% en comparación con el miércoles anterior, se evidencia que la respuesta a la huelga no ha sido tan contundente como esperaban los sindicatos. Esta situación podría favorecer una fragmentación del diálogo entre organizaciones ciudadanas, grupos políticos y asociaciones empresariales, lo que limitaría el papel de los grandes sindicatos en la negociación de reformas.
Además, se espera que la inflación media supere el 3,5% en el próximo periodo, lo que podría resultar en una disminución del poder adquisitivo de los ciudadanos si no se producen aumentos salariales. Un ex político, que ha estado presente en diversas huelgas en los últimos años, expresó su desconcierto ante la situación actual, describiéndola como “absurda” y resaltando que la huelga parece no tener el impacto que debería.
Contexto: La situación laboral en España ha estado marcada por una inestabilidad económica, con la inflación y el desempleo como cuestiones centrales. En los últimos años, el país ha enfrentado un aumento significativo en los desahucios, lo que ha llevado a movimientos sociales a exigir reformas en el ámbito de la vivienda. Con el nuevo Gobierno en el horizonte, la capacidad de los sindicatos para influir en políticas laborales y sociales se encuentra en una encrucijada, especialmente ante un contexto de recortes y cambios económicos inminentes.