El Consejo de Ministros de España ha decidido implementar un incremento del 5,3% en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para el año 2027, elevándolo a 1.286 euros al mes, distribuidos en 14 pagas. Esta medida se considera parte de un paquete de reformas laborales que se han aprobado a solo 12 días de las elecciones del 29 de noviembre. Además, se ha acordado un aumento del 4,5% en los salarios de los funcionarios, la cifra más elevada en 35 años, que incluirá un 0,5% adicional retroactivo para hacer frente a la inflación.
La decisión sobre el SMI se enmarca en un contexto de reformas fiscales que buscan evitar que los perceptores de este salario deban tributar por el IRPF. Así, se ha establecido una deducción en el IRPF y se ha modificado el reglamento para que quienes reciban el SMI no tengan retenciones en nómina. Según estimaciones del Gobierno, esta medida beneficiará a 2,7 millones de personas, generando un ahorro fiscal cercano a 1.200 millones de euros.
La subida de los salarios de los funcionarios, del 4,5%, está alineada con un acuerdo marco alcanzado en noviembre de 2025 con los sindicatos UGT, CCOO y CSIF. Este pacto prevé un aumento acumulado del 11% hasta 2028. La medida se considera un hito por su impacto anual pactado y se implementará en la nómina de enero, afectando a 546.000 empleados públicos estatales. Además, se sumará un 0,5% extra en el primer trimestre de 2027, con carácter retroactivo desde enero de 2026.
Las variaciones salariales corresponden a diferentes categorías de trabajadores. Por ejemplo, el aumento anual para un administrativo será de aproximadamente 1.440 euros, mientras que para jueces podría superar los 4.000 euros. Este ajuste salarial representa el mayor incremento en el sector público en las últimas décadas y refleja el compromiso del Gobierno de mejorar las condiciones laborales en el contexto actual.
Contexto: El Gobierno español ha estado trabajando en diversas reformas laborales y fiscales en los últimos años, buscando adaptarse a las necesidades económicas actuales y mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Con la proximidad de las elecciones, estas medidas son también un intento de captar el apoyo de los votantes, destacando la importancia de la política laboral en la agenda pública española. Las subidas en el SMI y en los salarios de los funcionarios son parte de un esfuerzo mayor para abordar los desafíos que enfrenta el país, incluidos el coste de la vida y la presión inflacionaria. Estas decisiones afectan directamente a millones de ciudadanos y pueden tener un impacto significativo en la economía española en su conjunto.