El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha revelado que el Ejecutivo aprobará mañana la subida salarial para los funcionarios, correspondiente al año 2027. Este incremento, pactado en noviembre de 2025, se llevará a cabo en los Consejos de Ministros previos a las elecciones del 29 de noviembre. La propuesta implica un aumento del 4,5% en el sueldo para 2027, además de un 0,5% adicional vinculado al crecimiento del IPC para el año en curso. En total, esto se traduce en un incremento del 5% en los salarios de los trabajadores del sector público para el próximo año.
Esta medida beneficiará a aproximadamente cinco millones de empleados públicos. El acuerdo de subida salarial se estableció el año pasado, fuera del marco de los Presupuestos prorrogados desde 2023, y comprende un aumento global del 11% para el periodo 2025-2028. El objetivo de este acuerdo es compensar la pérdida de poder adquisitivo que sufrieron los funcionarios durante el ejercicio anterior, cuando sus retribuciones no se actualizaron durante casi todo el año.
El aumento del 11% se desglosa en varias fases: un 2,5% ya implementado para 2025, un 1,5% para 2026, además del 0,5% adicional que se activará si el IPC medio anual supera el 1,5%, algo que se espera que suceda. Para 2027, se prevé el mencionado 4,5%, y para 2028, un 2% adicional.
Ante la inminente aprobación de esta subida, el sindicato CSIF ha insistido en la necesidad de que se realice antes de las elecciones para evitar retrasos, dado que existen limitaciones en las decisiones del Ejecutivo una vez que entra en funciones. Además, el sindicato ha manifestado su intención de vigilar que las diferentes administraciones, tanto estatales como autonómicas y locales, puedan establecer presupuestos y gestionar nóminas de manera uniforme.
Contexto: La subida de sueldo a los funcionarios es parte de un compromiso del Gobierno para mejorar las condiciones laborales y modernizar la Administración pública. En el contexto actual, donde la inflación ha afectado el poder adquisitivo, estas medidas son esenciales para asegurar un nivel de vida adecuado para los trabajadores del sector público. La relación entre el Gobierno y los sindicatos ha sido clave en la negociación de estos aumentos, reflejando la necesidad de un marco salarial que responda a las condiciones económicas actuales y a las expectativas de los empleados públicos en España.