El Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM) se mantiene congelado en 600 euros mensuales y 7.200 euros anuales, una situación que se prolonga por cuarto año consecutivo. Esta cifra, fijada en los Presupuestos Generales del Estado para 2023, se seguirá utilizando como referencia para diversas ayudas y prestaciones sociales en 2026. La congelación del IPREM impacta directamente en los límites de las ayudas disponibles para los trabajadores autónomos, que dependen de este indicador para calcular las prestaciones por cese de actividad.
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha confirmado que continuará aplicando las cuantías establecidas en la Ley de Presupuestos de 2023 para el próximo año. Esta medida implica que, a pesar de los incrementos en los precios y salarios, las ayudas que se basan en el IPREM seguirán sin cambios, lo que puede afectar negativamente a los autónomos que requieren apoyo financiero. En particular, la Seguridad Social utiliza el IPREM para determinar tanto el mínimo como el máximo de las prestaciones por cese de actividad.
La existencia de esta referencia ha sido fundamental desde su creación, ya que se estableció para reemplazar al salario mínimo en múltiples ayudas, prestaciones, becas y subsidios. Según la Ley 31/2022, el IPREM se define con un importe diario de 20 euros, mensual de 600 euros y anual de 7.200 euros. Desde su implementación, las prórrogas presupuestarias han mantenido estable esta cuantía, lo que plantea inquietudes sobre su efectividad en un contexto económico cambiante.
El impacto de esta congelación es particularmente notable en el ámbito del cese de actividad de los autónomos, donde la ley establece que la prestación ordinaria debe calcularse aplicando el 70% de la base reguladora. Sin embargo, al mantener el IPREM en los mismos niveles, se limitan las posibilidades de muchos autónomos que podrían necesitar un apoyo económico más acorde con la actual situación económica y los elevados costes de vida.
La prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2023 se produce en un momento en que el Gobierno ha aprobado criterios para extender las cuentas durante 2026. Aunque el Ministerio de Hacienda ha comenzado a trabajar en los nuevos Presupuestos para 2027, la falta de una nueva Ley de Presupuestos aprobada deja el IPREM en su estado actual, sin perspectivas de ajuste a corto plazo.
Contexto: Desde 2020, España ha enfrentado un contexto económico complicado, exacerbado por la pandemia y sus repercusiones en el mercado laboral. El IPREM se ha convertido en un índice clave para determinar el acceso a ayudas públicas, lo que afecta a millones de trabajadores y autónomos en el país. La situación de incertidumbre en el empleo y la economía hace que el mantenimiento de esta cuantía sea un tema de interés vital para el desarrollo económico y social en España.