Más de 350.000 trabajadoras del hogar en España están afiliadas a la Seguridad Social, un sector en el que el Gobierno ha decidido intensificar la vigilancia sobre las condiciones laborales. Este jueves, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció una nueva campaña enfocada en las empresas y plataformas digitales que cobran por intermediar en la contratación de empleadas domésticas, una práctica que es ilegal según la legislación actual.
Díaz calificó estas acciones como “muy graves” y advirtió que el Ejecutivo tomará medidas más estrictas para perseguir posibles incumplimientos. La Ley de Empleo prohíbe que las trabajadoras del hogar deban pagar para acceder a un empleo o utilizar servicios de intermediación laboral. La ministra destacó que existen entidades que están cobrando por facilitar el contacto entre familias y empleadas, lo que crea competencia desleal frente a quienes cumplen con la normativa.
Durante el evento “Trabajadoras en el hogar: derechos, prevención, salud y seguridad”, celebrado en la Fundae, Díaz reiteró que está prohibido el cobro por estos servicios, tanto en empresas como en plataformas digitales. La campaña tiene como objetivo realizar inspecciones y requerimientos específicos contra estas prácticas ilegales.