Una jueza del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 14 de Barcelona ha dictado una sentencia que valida la decisión de la Generalitat de finalizar el teletrabajo para subdirectores y puestos equivalentes. La magistrada Maria Àngels Llopis Vàzquez rechazó un recurso presentado por un grupo de trabajadores contra una instrucción emitida en enero de 2025 que estableció el cese del trabajo a distancia, una modalidad que había sido implementada durante la pandemia.
La sentencia, fechada el 11 de noviembre de 2026, considera justificada la postura de la Generalitat, que argumentó que la experiencia durante la pandemia mostró que el teletrabajo era "difícilmente compatible" con las responsabilidades de estos cargos, que requieren una presencia constante por su elevada responsabilidad estratégica y su papel de enlace dentro de la administración.
El fallo afecta potencialmente a unos 450 trabajadores en estos puestos, aunque solo aproximadamente 300 habían solicitado trabajar en modalidad de teletrabajo. Sin embargo, desde principios de 2025, estos empleados ya habían dejado de desempeñar sus funciones en esta modalidad. El recurso fue planteado por alrededor de 20 afectados en relación a las decisiones tomadas por el departament de Economia i Finances.
Este es el primer fallo relacionado con este tema, existiendo otros recursos pendientes tanto de diferentes colectivos como a nivel individual. La magistrada concluye que la función de los subdirectores no se puede desempeñar de manera adecuada mediante teletrabajo, y que es legal realizar excepciones para aquellos puestos que requieren presencialidad. Además, se determina que no se ha vulnerado ningún derecho, ya que el teletrabajo es considerado "una modalidad organizativa reversible" y la retirada de autorizaciones se ajusta a la normativa vigente.
Contexto: La decisión de la Generalitat de eliminar el teletrabajo para ciertos puestos responde a una evaluación de la eficacia del trabajo presencial en la administración pública. La Generalitat de Catalunya ha implementado diversas medidas desde el inicio de la pandemia en 2020 para adaptarse a las nuevas realidades laborales. Esta sentencia podría sentar un precedente en otros casos similares en el ámbito público y privado en España, donde el teletrabajo ha sido objeto de debate y ajuste en diferentes sectores. La evolución de las prácticas laborales en la administración pública es un tema relevante en el contexto actual de recuperación económica y adaptación a nuevas formas de trabajo.