La propuesta de empleo público para la Administración General del Estado en 2026 se ha visto envuelta en controversia debido a la falta de cifras concretas por parte del Gobierno. Los sindicatos, como CSIF, UGT y CC.OO., han expresado su descontento, considerando que la oferta de 36.600 plazas será insuficiente para satisfacer las necesidades actuales, especialmente en áreas críticas como el SEPE y la Seguridad Social.
Durante una reunión reciente, los representantes de Función Pública, bajo la dirección de Óscar López, afirmaron que se buscará crear empleo neto en la Administración, pero no proporcionaron detalles adicionales. Esta situación ha sido calificada como "inaudita" por los sindicatos, quienes consideran que la falta de transparencia obstaculiza la planificación adecuada de recursos humanos en el sector público.
Además, la regularización masiva de inmigrantes que se llevará a cabo en el país está exponiendo las carencias en la plantilla de la Administración, lo que refuerza la necesidad de una oferta extraordinaria de empleo. Los sindicatos han advertido que la jornada laboral de 35 horas también exigirá un incremento en el número de efectivos para poder atender eficazmente las demandas actuales.