La Comisión Europea ha decidido no conceder una prórroga al Gobierno español para que aborde el abuso de la temporalidad en el sector público, lo que podría resultar en sanciones millonarias. Esta decisión se comunicó a las asociaciones y sindicatos de interinos que se manifestaron el pasado jueves frente a la sede de la Comisión en Madrid, donde exigieron una mayor protección de sus derechos laborales. El consejero económico de la Representación de la Comisión Europea en Madrid, Eduardo Gómez, aclaró que el procedimiento de infracción contra España sigue avanzando sin que se haya aceptado más documentación para el expediente.
El Gobierno de Pedro Sánchez había solicitado una extensión en junio de 2026, pero la respuesta de Bruselas ha sido negativa, lo que implica que la Comisión está preparando el caso para presentarlo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en un plazo de tres a cuatro meses. Las organizaciones que protestaron, agrupadas en la Coalición Líneas Rojas Innegociable contra el abuso de la temporalidad, recibieron esta información durante la manifestación, donde reiteraron su demanda de acción por parte de la UE.
El Ministerio de Función Pública no ha emitido comentarios sobre esta situación específica, aunque ha enfatizado su compromiso por reducir la temporalidad en colaboración con las comunidades autónomas. El departamento que lidera Óscar López tiene programada una reunión en Sevilla para discutir soluciones, tras encuentros previos en Santander y Madrid. Según el Ministerio, el problema de la temporalidad se concentra principalmente en las comunidades autónomas.
El Gobierno tiene como objetivo reducir la tasa de temporalidad al 8% para 2024, un compromiso adquirido con la Unión Europea. Sin embargo, como consecuencia de la falta de acción suficiente, la Comisión retiene actualmente 626,6 millones de euros que corresponden a fondos destinados a España, lo que subraya la presión sobre el Ejecutivo para que implemente medidas efectivas.
Las protestas de los interinos reflejan el creciente descontento en el sector público respecto a la precariedad laboral. Las organizaciones que representan a estos trabajadores han señalado que el incumplimiento de las promesas del Gobierno podría tener graves repercusiones, tanto para los derechos de los empleados como para la situación financiera del país debido a las posibles sanciones.
Contexto: Desde 2020, la Comisión Europea ha estado vigilando de cerca la situación de la temporalidad en España, donde la tasa de empleo temporal en el sector público ha superado el 30%. A lo largo de los años, interinos y sindicatos han alzado la voz en diversas ocasiones pidiendo un cambio estructural que garantice estabilidad laboral. La situación actual no solo afecta a los trabajadores, sino que también pone en riesgo la reputación internacional de España como un Estado miembro comprometido con los derechos laborales y la regulación del mercado de trabajo.