La reciente aprobación del incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en un 5,3% ha suscitado preocupaciones en el ámbito laboral, dado que supera la inflación actual del 4,9%. Esta decisión, tomada de manera unilateral por el Ejecutivo, tiene el potencial de elevar los costes laborales, lo que podría resultar en la destrucción de empleo y la reducción de nuevas contrataciones, especialmente entre los perfiles de baja cualificación.
Las advertencias provienen tanto de Randstad como de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que estiman que más de 60.000 trabajadores podrían verse afectados negativamente por este aumento, con un impacto más pronunciado en pequeñas y medianas empresas (pymes), así como en los sectores de la agricultura y los servicios. La AIReF ha señalado que incrementos anteriores, como el de 2019, ya produjeron una reducción de afiliaciones que osciló entre 40.000 y 65.000 empleos, y que el aumento de 2023 tuvo efectos adversos en la ocupación, afectando a entre 55.000 y 85.000 personas.
Los sectores más vulnerables a estos cambios incluyen la hostelería, el turismo, el transporte, manufacturas básicas, construcción, auxiliares administrativos y agricultura, donde se concentra la mayor parte de los empleos cercanos al SMI. La crítica de la patronal se centra en el carácter político de esta medida, especialmente al ser implementada en un contexto electoral como el de las elecciones del 29 de noviembre.
A pesar de que el SMI ha experimentado un aumento superior al 62% desde 2018, la inflación ha absorbido una parte significativa del poder adquisitivo de los trabajadores, lo que perpetúa la existencia de puestos de baja productividad. El Gobierno ha defendido esta subida como una respuesta a la presión social y un intento de recuperar el poder adquisitivo antes de los comicios.
Sin un acuerdo marco que permita extender las subidas en convenios colectivos, existe el riesgo de que la medida concentre los empleos alrededor del SMI, sin desplazar al alza la estructura salarial general. Esto podría complicar aún más las negociaciones colectivas, limitando las posibilidades de mejora en los salarios más allá del mínimo establecido.
Contexto: En los últimos años, el SMI en España ha sido un tema de debate constante, especialmente tras la crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19. Las decisiones sobre el salario mínimo son cruciales no solo para el bienestar de los trabajadores, sino también para la estabilidad del mercado laboral en un país donde muchas empresas dependen del empleo de baja cualificación. La AIReF y otras instituciones han señalado la necesidad de un equilibrio entre el aumento del SMI y la salud económica de las pymes, que representan una parte fundamental del tejido empresarial español.