La Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha lanzado una propuesta a los líderes de la Unión Europea para establecer un 'Pacto contra la sobrerregulación'. Esta iniciativa tiene como objetivo prevenir que los países añadan requisitos innecesarios al transponer las normativas comunitarias. En una carta dirigida a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, von der Leyen subraya la necesidad de simplificar la aplicación de las normativas europeas a nivel nacional.
Con esta propuesta, se busca que los Estados miembros identifiquen y justifiquen públicamente cualquier carga administrativa adicional que decidan imponer. Además, se plantea un mecanismo que permita revisar y eliminar las cargas existentes, así como un seguimiento de la burocracia en el marco del Semestre Europeo.
Según las estimaciones de Bruselas, la implementación de este pacto podría resultar en un ahorro anual de 22.300 millones de euros en trámites burocráticos. La propuesta incluye también una reducción de 8.000 millones de euros en burocracia tributaria, lo cual beneficiaría a las pequeñas y medianas empresas en la UE.
La presidenta ha enfatizado que una norma acordada a nivel europeo no debería volverse más compleja al ser aplicada en los Estados miembros. Esta medida está dirigida a contrarrestar la práctica conocida como 'gold-plating', que implica imponer obligaciones nacionales que superan las exigencias de la UE, complicando así el cumplimiento de la legislación comunitaria.
El objetivo es alcanzar un acuerdo sobre este pacto antes de finalizar el año 2026. La propuesta se ha presentado en un contexto donde existe una creciente preocupación por la burocracia y sus efectos negativos sobre la competitividad empresarial en la región.
Contexto: La Comisión Europea ha intensificado sus esfuerzos para reducir la burocracia en los últimos años, destacando la importancia de facilitar el comercio y la inversión en la UE. La creación de este pacto es parte de una serie de iniciativas que buscan mejorar el entorno regulatorio y fomentar un mercado único más eficiente, crucial para la recuperación económica tras la pandemia de COVID-19. Las pequeñas y medianas empresas son particularmente vulnerables a las cargas administrativas, por lo que la simplificación de procesos es un tema prioritario en la agenda de la UE.