El 29 de noviembre se celebrarán elecciones en España, las cuales determinarán el futuro económico del país. Los sondeos sugieren que un gobierno de centroderecha, liderado posiblemente por Alberto Núñez Feijóo, enfrentará una herencia económica complicada. Por otro lado, si se mantiene una coalición progresista, la situación económica podría quedar estancada, tal como ha ocurrido durante los dos mandatos del actual presidente Pedro Sánchez.
Uno de los principales retos para el nuevo gobierno será la elaboración y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Durante el mandato de Sánchez, solo se aprobaron tres presupuestos en un periodo de ocho años. El Tribunal Constitucional podría pronunciarse en diciembre sobre este incumplimiento del artículo 134 de la Constitución española, lo que podría complicar aún más la situación presupuestaria. En caso de que gobierne el Partido Popular, se verá obligado a prorrogar los presupuestos de 2023, que son considerablemente expansivos en términos de gastos sociales, en un contexto que exige recortes y austeridad para equilibrar las cuentas.
Además de los desafíos presupuestarios, el nuevo gobierno deberá enfrentar una crisis de oferta en el sector de la vivienda. Durante los últimos ocho años, la falta de inversiones en vivienda pública para alquiler ha causado un deterioro significativo en la situación habitacional. Más de 272.000 familias han sido desahuciadas, incluyendo a la familia de Maricarmen Abascal. La legislación vigente ha llevado a la desaparición de más de 200.000 viviendas en alquiler, lo que ha retraído la inversión inmobiliaria a un nivel crítico, mientras que la demanda ha aumentado drásticamente debido a la llegada masiva de inmigrantes.
Los precios de la vivienda han aumentado un 67% en este periodo, a pesar de que el poder adquisitivo de los salarios se ha mantenido estancado. La situación se complica aún más por el hecho de que España ha sido el país de la Unión Europea que más ha incrementado la recaudación fiscal en la última década, lo que obligará al nuevo gobierno a cambiar radicalmente su política fiscal para cumplir con su programa electoral. También deberá enfrentarse a un déficit y una deuda pública que se encuentran entre los más elevados de la OCDE.
La carga del pago de intereses de la deuda pública ya supera los 40.000 millones de euros, lo que representa más de la mitad del presupuesto destinado a educación. La subida de los tipos de interés por parte del BCE podría agravar aún más esta situación, mientras que se espera que los fondos provenientes de Bruselas se reduzcan. Todo esto plantea un escenario complejo para el nuevo gobierno en su intento por abordar las necesidades económicas y sociales de la población.
Contexto: En los últimos años, España ha enfrentado una serie de desafíos económicos, incluyendo un alto nivel de deuda pública y un déficit creciente. La gestión de la crisis de la vivienda ha sido un tema recurrente en la agenda política, con la falta de soluciones efectivas para un problema que afecta a miles de familias. La evolución del mercado inmobiliario y la política fiscal serán aspectos cruciales para el futuro del país, independientemente de quién esté en el poder tras las elecciones de noviembre.