La deuda pública de España ha alcanzado un nuevo máximo histórico en junio de 2026, totalizando 1,76 billones de euros, lo que equivale al 101,5% del PIB. Este incremento representa un crecimiento del 51,2% desde junio de 2018, cuando la cifra era de 1,165 billones de euros. En los últimos ocho años, desde que Pedro Sánchez asumió la presidencia del Gobierno, la deuda ha aumentado en más de 597.000 millones de euros.
Durante el año 2025, el coste en intereses por esta deuda superó los 40.000 millones de euros. En el primer semestre de 2026, ya se han destinado 29.000 millones de euros a este concepto. A pesar de que el peso de la deuda sobre el PIB se ha moderado en términos interanuales, España se mantiene como el quinto país de la Unión Europea con mayor proporción de deuda, solo detrás de Grecia, Italia, Francia y Bélgica.
Desde 2020, las pausas en el crecimiento de la deuda han sido escasas, con un incremento continuo en los pasivos de las administraciones públicas. Durante el último año, la deuda pública creció un 4,2% respecto a junio de 2025, alcanzando su nivel más alto. Aunque en términos de PIB ha habido un ligero descenso, con casi dos puntos porcentuales menos en comparación anual, la deuda ha aumentado mensualmente, pasando del 100,2% del PIB en mayo al 101,5% en junio.
La tendencia de crecimiento de la deuda pública en España ha sido notable desde la llegada de Sánchez al poder. Las cifras reflejan un escenario donde los números rojos se han disparado, mostrando la necesidad de un análisis más profundo sobre la sostenibilidad de la deuda en el contexto actual de la economía española.
Contexto: La gestión de la deuda pública en España ha sido un tema crucial desde la crisis económica de 2008, que llevó a una acumulación significativa de deuda. A lo largo de los años, los gobiernos han implementado diversas políticas fiscales para tratar de controlar y reducir este pasivo. La situación actual se ve influenciada por factores como el crecimiento económico y las políticas del Banco Central Europeo, que también afectan la percepción de la deuda en el ámbito europeo. La evolución de la deuda tiene implicaciones directas en la financiación de servicios públicos y en la capacidad del Gobierno para implementar políticas sociales y económicas. La estabilidad de la economía española depende en gran medida de la gestión efectiva de estos pasivos y de la respuesta ante futuros desafíos económicos.