Desde que la autopista AP-7 se volvió gratuita, ha surgido un creciente descontento debido a los problemas de congestión vial. Muchos de los usuarios que antes se quejaban de los peajes ahora abogan por su reinstauración. David Alemany, actual presidente de Saba Infraestructuras y exlíder de Abertis, ha estado trabajando en un nuevo modelo de peaje que presentará al próximo gobierno tras las elecciones del 29 de noviembre. Durante el foro de colaboración público-privada, organizado por el Col·legi d’Enginyers de Camins y el Institut Cerdà, Alemany destacó que la eliminación de los peajes no fue el error, sino la falta de un sistema alternativo que lo sustituya.
La propuesta de Alemany incluye la implementación de un sistema tarifario unificado que se aplicaría en todas las vías de alta capacidad en España, abarcando tanto autovías como autopistas. En lugar de volver a conceder la gestión a una empresa privada, sugiere la creación de una agencia pública que gestione los ingresos necesarios para el mantenimiento de las carreteras. Este modelo permitiría que sean los propios usuarios quienes financien el cuidado de las vías, pagando un precio que, según Alemany, sería aproximadamente un tercio del costo de los peajes anteriores.
El expresidente de Abertis subrayó que el nuevo sistema de tarifas variaría según el tipo de vehículo, estableciendo precios diferenciados para coches y camiones. Además, se introduciría un componente relacionado con la contaminación, premiando a los vehículos eléctricos, en línea con el enfoque de la Unión Europea de que “quien contamina, paga”. Este aspecto de la propuesta ha resonado positivamente entre autoridades locales, incluido el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la consellera de Territori, Sílvia Paneque, quienes ven con buenos ojos la iniciativa, aunque Alemany enfatizó que no debe ser una responsabilidad exclusiva de la Generalitat.
Alemany advirtió que la implementación del nuevo modelo debe ser a nivel nacional para evitar que se desvíe hacia un enfoque ineficaz. Esta propuesta aborda un problema crítico que ha aumentado desde que expiró la concesión de la AP-7 en 2021, lo que ha llevado a una falta de mantenimiento y a la insatisfacción de los usuarios. El ministro de Transportes, Óscar Puente, no logró enfrentar esta cuestión en los últimos años, lo que ha dejado un vacío en la gestión de la infraestructura vial en España.
Contexto: La AP-7 es una de las principales autopistas de España, conectando múltiples regiones y siendo fundamental para el transporte de mercancías y viajeros. Desde su liberalización, el debate sobre el modelo de financiación y mantenimiento de las infraestructuras ha cobrado relevancia, especialmente en un contexto donde la sostenibilidad y la reducción de la contaminación son prioridades. Las próximas elecciones del 29 de noviembre podrían determinar cómo se abordarán estos desafíos en el nuevo gobierno, poniendo de relieve la importancia de un modelo que equilibre las necesidades de los usuarios y la conservación de las carreteras.