Los pueblos de La Rioja ven caer sus ingresos fiscales tras la liberalización de la AP-68

Los 22 municipios riojanos perderán más de 1,4 millones de euros en ingresos fiscales por la liberación de la AP-68. ¿Cómo afectará esto a sus finanzas locales?

Los pueblos de La Rioja ven caer sus ingresos fiscales tras la liberalización de la AP-68

La liberación de la AP-68 ha generado una pérdida significativa de ingresos fiscales para los 22 municipios que la atraviesan, afectando especialmente a localidades en La Rioja. Estos municipios dejarán de percibir más de 1,4 millones de euros anuales en tributos como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y otros tributos locales.

El origen de esta situación se remonta a inicios del siglo XXI, cuando el entonces secretario del Ayuntamiento de Cenicero, José Luis Alonso Tejada, junto con el catedrático Germán Orón y la abogada Amelia Vallejo, emprendieron acciones legales para reclamar el IBI a las concesionarias de autopistas, que disfrutaban de una exención fiscal del 95%. Este esfuerzo fue motivado por la percepción de que los municipios estaban perdiendo ingresos que les correspondían debido a las bonificaciones otorgadas por el Estado a estas empresas.

En 2002, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid obligó a Hacienda a pagar 300.000 euros y asumir las costas e intereses de demora correspondientes. Posteriormente, el Tribunal Supremo no admitió los recursos de casación, lo que permitió que Cenicero comenzara a recibir compensaciones por la AP-68 que atraviesa su territorio, siendo el primer municipio español en conseguirlo. Este ejemplo ha sido seguido por otros pueblos de España, incluyendo los 21 que también se benefician de la autopista en La Rioja.

En el año 2025, la concesionaria Avasa hizo un desembolso total de 1.419.527,10 euros en concepto de IBI y otros tributos a los ayuntamientos riojanos, siendo el territorio que más recaudó en comparación con otras regiones por las que pasa la AP-68. En contraste, en Vizcaya1,294 millones de euros; en Álava fueron 738.205 euros; en Zaragoza (Aragón), 683.698 euros; en Navarra, 230.189 euros; y en Burgos (Miranda), 3.569 euros.

Los ingresos que reciben los municipios dependen de la superficie ocupada por la autopista en cada término municipal, así como de la valoración catastral. Esta situación resalta cómo la fiscalidad relacionada con infraestructuras puede impactar directamente en los recursos disponibles para los gobiernos locales.

Contexto: La AP-68 es una de las principales autopistas que conecta el norte y el este de España, facilitando el transporte de mercancías y personas. La cuestión del IBI sobre las infraestructuras ha sido objeto de debate en varios municipios, ya que afecta su capacidad de financiación. En los últimos años, la presión sobre las fuentes de ingresos locales ha aumentado, lo que ha llevado a diferentes localidades a buscar mecanismos para compensar la pérdida de ingresos por exenciones fiscales. El caso de Cenicero ha abierto un camino para que otros municipios reclamen derechos similares en todo el país.

TL;DR

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Redacción Equipo Voz Económica

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