El 30 de septiembre de 2026, se presentó un nuevo real decreto de vivienda que incluye diversas medidas fiscales para el sector inmobiliario en España. Entre estas, se destaca el incremento del impuesto del IBI sobre las viviendas vacías y las segundas residencias. Además, se establece un IVA del 10% que se aplicará específicamente a los pisos turísticos. Las bonificaciones en el IRPF también forman parte de este paquete, dirigidas a propietarios e inquilinos de viviendas de alquiler habitual, aunque estas medidas fiscales estarán restringidas a zonas catalogadas como mercado residencial tensionado.
Desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno en 2018, se han implementado diferentes reformas tributarias con el objetivo de fomentar el alquiler de viviendas. Sin embargo, la combinación de estos incentivos fiscales con otras medidas coercitivas ha resultado en una reducción de la oferta de viviendas en arrendamiento, lo que ha limitado la efectividad de las políticas fiscales.
Entre las bonificaciones fiscales introducidas, se incluyen deducciones para propietarios que alquilen en zonas tensionadas, así como beneficios para inquilinos. Se contempla la exención en el IRPF por la ganancia patrimonial en el caso de venta de vivienda por mayores de 65 años y en transacciones donde el comprador sea un ente público. También se establece un IVA reducido del 10% para la rehabilitación de viviendas destinadas al alquiler, así como un tope a la subida anual de la renta de arrendamiento.
Los ayuntamientos tendrán la facultad de incrementar el IBI sobre los pisos turísticos, y se actualizará la plusvalía municipal, afectando directamente a los propietarios que vendan sus propiedades. Asimismo, se revisará el régimen fiscal de las socimis, que son sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario, lo que podría influir en la inversión en el sector.
Este real decreto busca abordar la crisis de vivienda en España, al tiempo que impone nuevas cargas fiscales en un contexto donde la oferta de alquileres se ha visto restringida por las políticas de control de precios y otras regulaciones. La intención es equilibrar el mercado y asegurar un acceso más amplio a la vivienda, aunque el impacto de estas medidas aún está por determinarse.
Contexto: El mercado inmobiliario español ha estado bajo presión debido a la creciente demanda de vivienda y la escasez de oferta en ciertas áreas, especialmente en las grandes ciudades. Las políticas del Gobierno han buscado regular el alquiler para proteger a los inquilinos, pero a menudo han generado críticas por desincentivar la inversión en nuevas construcciones y en el alquiler. Las reformas fiscales implementadas desde 2018, bajo la administración de Sánchez, reflejan un intento de equilibrar las necesidades de alquiler con la oferta disponible en un entorno complejo y cambiante.