Las startups en España están accediendo al crédito privado con una cifra impresionante de 1.000 millones de euros en solo una semana, lo que marca un hito en la búsqueda de financiación para acelerar su crecimiento. Sin embargo, la Ley 28/2022, conocida como la Ley Startup, que tiene casi cuatro años de vigencia, ha sido objeto de críticas debido a su escaso impacto fiscal. Un informe solicitado por el Gobierno revela que entre 2023 y 2024 se concedieron solamente 4 millones de euros en deducciones fiscales en el impuesto de sociedades, una cifra que contrasta drásticamente con la previsión inicial de más de 2.000 millones de euros en recaudación.
El núcleo del problema radica en la reducción del impuesto de sociedades, que se estableció en una disminución de 10 puntos, del 25% al 15% durante cuatro años. Esta medida estaba orientada a beneficiar a empresas emergentes; sin embargo, la mayoría de estas no obtienen beneficios y, por lo tanto, no pagan dicho impuesto. Inicialmente, el Ministerio de Economía, bajo la dirección de Nadia Calviño, estimó que habría 5.000 compañías registradas como 'empresas emergentes', con una facturación media de dos millones de euros, pero actualmente las cifras de empresas certificadas por Enisa son casi la mitad de lo previsto.
De las empresas emergentes que cumplen con los requisitos, solo 365 han optado por acogerse a la deducción en su declaración del impuesto de sociedades. A pesar de que la ley fue aprobada por consenso en el Congreso y celebrada en el sector empresarial, persisten comentarios entre los empresarios sobre su insuficiencia y la falta de medidas efectivas. Esta percepción ha llevado a que, antes de la convocatoria de elecciones, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara una revisión de la normativa y la intención de lanzar la Ley Scaleup.
La Ley Scaleup está diseñada para facilitar que un mayor número de empresas innovadoras accedan a un marco legislativo beneficioso. Desde hace más de un año, el Gobierno ha estado en contacto con movimientos europeos que buscan impulsar la inversión en el sector tecnológico. Este esfuerzo busca no solo mejorar la situación actual de las startups, sino también alinear a España con las tendencias de financiación en el ámbito europeo.
Contexto: La Ley Startup fue impulsada en un momento en que el ecosistema de startups en España demandaba un marco regulatorio que favoreciera la innovación y el crecimiento económico. A pesar de los esfuerzos iniciales, el escaso uso de las deducciones fiscales refleja la necesidad de ajustar la normativa para que realmente beneficie a las empresas emergentes. La situación actual pone de relieve la importancia de medidas adecuadas para fomentar un entorno empresarial más dinámico y competitivo en el país.