El Tribunal Supremo ha emitido una sentencia que refuerza las garantías de los contribuyentes frente a la Agencia Tributaria (AEAT). En este fallo, el alto tribunal ha desestimado el recurso presentado por la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) contra el Real Decreto 117/2024, que introdujo un nuevo sistema de autoliquidaciones rectificativas. Aunque el Supremo valida el nuevo sistema, advierte que no se pueden imponer multas automáticamente cuando existan discrepancias con datos veraces.
La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) se basa en la impugnación de disposiciones que modificaron los reglamentos del IRPF, del Impuesto sobre Sociedades, del IVA, de los Impuestos Especiales y de Gases Fluorados, en relación con la reforma de la Ley General Tributaria (LGT) que fue introducida por la Ley 13/2023. Los asesores fiscales argumentaban que esta reforma generaba un exceso reglamentario que comprometía los derechos de los ciudadanos y que la nueva autoliquidación rectificativa exponía a los contribuyentes a sanciones inmediatas.
El Tribunal Supremo ha dejado claro en su resolución que no hay un exceso reglamentario ni una violación de la reserva de ley, indicando que la Ley General Tributaria proporciona un marco adecuado para la colaboración reglamentaria. La corte subraya que el término “normativa propia” no se limita a leyes en sentido estricto, sino que incluye el conjunto regulador de cada impuesto, lo que permite la implementación del nuevo modelo.
La decisión del Tribunal se considera un avance significativo en la protección de los derechos de los contribuyentes, al establecer una doctrina que limita la posibilidad de que la AEAT actúe de manera automática al imponer sanciones. Esto es relevante en un contexto donde los inspectores de Hacienda han solicitado un control más riguroso sobre el fraude en el IVA y han pedido la capacidad de actuar "de incógnito".
Este fallo podría transformar la práctica tributaria en España, ofreciendo un mayor blindaje a los contribuyentes. La AEDAF, aunque perdió el recurso, ha logrado que se clarifiquen aspectos fundamentales sobre la interpretación de la normativa fiscal, lo que podría influir en futuras disputas legales.
Contexto: La Ley General Tributaria, que establece el marco regulador de la administración tributaria en España, ha sido objeto de varias reformas en los últimos años, con el objetivo de modernizar y simplificar el sistema fiscal. El Real Decreto 117/2024 forma parte de estos esfuerzos, pero ha sido criticado por entidades como la AEDAF por su potencial impacto en los derechos de los ciudadanos. La discusión sobre la adecuación de este marco normativo es crucial para el funcionamiento del sistema tributario y su confianza por parte de los contribuyentes.