La Ley de Vivienda de 2023 no logró frenar el aumento de los precios de alquiler, ya que muchas propiedades se han desviado del mercado de alquiler residencial hacia opciones como el uso turístico y el alquiler temporal. Esta situación ha sido impulsada por los propietarios que buscan eludir restricciones normativas, incluyendo límites de precios en áreas consideradas tensionadas, afectando así la rentabilidad de sus inversiones inmobiliarias. Muchas de estas viviendas representan los ahorros de toda una vida para sus dueños y son una fuente de ingresos para complementar pensiones.
Con el objetivo de abordar esta problemática, el Gobierno ha introducido un nuevo decreto que incluye medidas regulatorias, fiscales y sancionadoras. Una de las principales modificaciones es la eliminación de la exención tributaria actual para los alquileres turísticos, que ahora estarán sujetos a un IVA del 10%. Esta normativa entraría en vigor el 1 de diciembre de 2026, siempre que el texto legal sea aprobado en las próximas horas.
Además, se prevé que los ayuntamientos en zonas tensionadas, como A Coruña y Santiago de Compostela, puedan imponer un recargo de hasta el 50% en el impuesto de bienes inmuebles (IBI) para las viviendas que se destinen a uso turístico. Si un propietario posee dos o más inmuebles de este tipo, el IBI podría duplicarse, y en el caso de poseer cuatro o más, podría llegar hasta un 150% de incremento.
El decreto también establece que los contratos de alquiler de temporada deberán especificar el motivo del mismo para evitar fraudes. Aunque la duración del alquiler podrá ser acordada libremente entre el propietario y el inquilino, no podrá exceder un año sin una justificación válida. Cualquier alquiler que se prolongue sin causa justificada será considerado como un alquiler de vivienda habitual. Asimismo, cuando se alquilen habitaciones o estancias, el total de las rentas no podrá sobrepasar el coste de arrendar la vivienda completa.
Estas reformas buscan regular el mercado del alquiler y reducir la picaresca, garantizando que las viviendas se destinen a fines residenciales en lugar de turísticos. La medida se enmarca en un contexto donde el acceso a la vivienda se ha vuelto un tema crítico en España, con un creciente descontento social sobre la capacidad de la población para encontrar viviendas asequibles.
Contexto: Desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda en 2023, los precios de alquiler han seguido aumentando, lo que ha generado una crisis de acceso a la vivienda en diversas ciudades españolas. La legislación busca equilibrar el mercado, pero la conversión de propiedades en alquileres turísticos ha complicado la situación. En este contexto, las medidas del nuevo decreto son un intento de frenar esta tendencia y asegurar que más viviendas estén disponibles para el alquiler residencial, en un momento en que el gobierno y la sociedad civil exigen soluciones efectivas ante la crisis de vivienda.