La economía española se enfrenta a un panorama complejo, con la deuda pública superando el 100% del PIB y una presión fiscal que ha alcanzado el 37,1%. Un informe del Instituto Juan de Mariana (IJM) destaca la situación crítica en la que se encuentra el país después de ocho años de gobierno de Pedro Sánchez. Desde 2018, el Estado ha incrementado su recaudación en 168.166 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 39,7%.
La gestión del gobierno ha estado marcada por un total de 141 subidas de impuestos y cotizaciones, convirtiéndose en la mayor escalada tributaria en la historia democrática de España. A pesar de esta situación, el salario más frecuente en el país se sitúa en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que actualmente es de 1.221 euros al mes. Este contexto ha llevado a muchas familias a enfrentar dificultades económicas, agravadas por la inflación y el aumento de precios.
El informe también señala que el coste laboral de un salario medio está siendo absorbido en un 53,6% por el Estado. En el ámbito de la vivienda, que se ha convertido en un problema prioritario, se han tomado decisiones regulatorias y fiscales que han contribuido a un encarecimiento de este sector. Desde 2015, el precio de la vivienda ha aumentado un 80%, comparado con el 27% del índice de precios al consumo (IPC).
La situación en el mercado de la vivienda también es alarmante. Entre agosto de 2024 y noviembre de 2025, los pisos turísticos se redujeron en un 18,2%, mientras que los precios de la vivienda aumentaron en un 12,9%. El informe sostiene que el verdadero problema radica en la oferta, ya que desde 2021 se han creado 1,16 millones de hogares, pero solo se han terminado 465.000 viviendas libres. Actualmente, España está construyendo 2,7 viviendas por cada 1.000 habitantes, una cifra que representa la mitad de la construcción que se realizaba a principios de los años 90.
El informe califica la situación como una "bomba de relojería", dado que el déficit en la construcción se ha acumulado de tal forma que equivale a una década sin edificar ninguna unidad residencial. Esta crisis de la vivienda es atribuida, según el informe, a la falta de oferta más que a otros factores como la especulación o los pisos turísticos, elementos que el discurso oficial ha señalado como culpables. La realidad, sin embargo, muestra una discrepancia entre la narrativa oficial y los datos del mercado.
Contexto: En los últimos años, la economía española ha experimentado diversos desafíos, incluidos los efectos de la pandemia de COVID-19 y la actual crisis energética. El Banco Central Europeo (BCE) ha tomado medidas para abordar la inflación, mientras que las tensiones en el mercado inmobiliario continúan afectando a los ciudadanos. En este contexto, el gobierno de Sánchez ha buscado políticas para intentar equilibrar la situación económica, pero los resultados han generado críticas sobre la eficacia de su gestión.