El Gobierno de España ha introducido una norma que permite el uso de fondos europeos Next Generation por un periodo más allá del límite establecido por la Unión Europea. Esta disposición se incluye en el paquete de ayudas destinado a Ceuta y permite certificar como gastados cualquier programa en ejecución, eludiendo el plazo del 31 de agosto. Esto evitará la devolución de hasta 30.000 millones de euros a Bruselas.
La norma fue aprobada en el mismo Consejo de Ministros que dio luz verde a un paquete económico de 309 millones de euros para afrontar la crisis migratoria en Ceuta. Sin embargo, el Partido Popular ha criticado esta medida, argumentando que complica la auditoría y podría infringir el reglamento europeo, ya que permite que la entidad ejecutora valide los fondos.
Hasta el mes de julio, el Gobierno ha pagado 52.091 millones de euros de los fondos Next Generation, aunque aún quedan por distribuir aproximadamente 50.000 millones de euros asignados a España. La decisión del Ejecutivo es vista como un mecanismo para eludir la ineficacia en la ejecución de estos recursos y para demostrar resultados ante la Comisión Europea.
El 1 de septiembre, el Ministerio de Hacienda aprobó una disposición que extiende la posibilidad de gastar fondos que no se habían utilizado antes del 31 de agosto sin limitaciones temporales. Este cambio se realiza a pesar de que la Comisión Europea había establecido esta fecha como límite para la asignación de los recursos. De acuerdo con esta nueva disposición, lo que no se gaste antes de esta fecha puede ser utilizado posteriormente sin necesidad de devolverlo.
Se estima que hasta el momento hay 30.000 millones de euros de fondos Next Generation que aún no han sido utilizados. Este miércoles, se espera que el Gobierno solicite formalmente los últimos 23.000 millones de euros de estos fondos a la Unión Europea, lo que subraya la urgencia del Ejecutivo por utilizar estos recursos de manera efectiva.
Contexto: En los últimos años, España ha recibido un importante respaldo económico de la Unión Europea a través de los fondos Next Generation, que tienen como objetivo la recuperación de la economía tras la pandemia. Las críticas sobre la gestión de estos fondos han aumentado, y la necesidad de garantizar una auditoría transparente es fundamental para evitar problemas en el futuro. La capacidad del Gobierno para gestionar estos recursos será clave para el desarrollo económico del país y la confianza en la administración pública.