Los hogares en España han finalizado 2025 con un patrimonio financiero neto que asciende a 2,6 billones de euros, lo que representa un crecimiento superior al 11% en comparación con el año anterior. Este incremento ha permitido que España se posicione en el vigésimo lugar a nivel mundial en términos de riqueza financiera neta per cápita, con unos 55.300 euros por ciudadano. En el contexto global, el promedio de activos financieros por español alcanza los 71.940 euros, situando al país en el puesto 22 a nivel internacional.
El aumento de la riqueza bruta de los hogares españoles se cifra en un 9,6%, superando el crecimiento del 4,5% de Europa y el 8,6% mundial. Este crecimiento se ha visto acompañado por cambios significativos en la composición del ahorro, donde las acciones, bonos y fondos de inversión han destacado con un aumento del 15,5%. Por otro lado, los depósitos, aunque continúan siendo relevantes, han crecido a un ritmo más lento de 4,7%, mientras que seguros y planes de pensiones han aumentado casi un 4%.
En términos absolutos, los hogares españoles mantienen aproximadamente 1,15 billones de euros en depósitos, junto con 1,1 billones de euros invertidos en acciones, 590.000 millones de euros en fondos de inversión y 400.000 millones de euros en seguros y pensiones. A pesar de este aumento en el patrimonio, la deuda de los hogares ha alcanzado 796.600 millones de euros, lo que representa un incremento del 4,6% en relación con el año anterior. Sin embargo, este nivel de endeudamiento sigue siendo inferior a los registrados durante la crisis financiera e inmobiliaria.
Este crecimiento en los activos, que ha superado el aumento en las obligaciones financieras, es un factor clave en el incremento de la riqueza neta observado en 2025. Si se incluye el patrimonio inmobiliario neto, la cifra por habitante se eleva a 213.800 euros, situando a España en el puesto 15 del ranking mundial de riqueza total. Estados Unidos lidera esta lista con 296.950 euros por habitante, seguido de Suiza y Dinamarca.
Contexto: En el último año, el Gobierno español ha presentado diversas iniciativas para abordar el problema de la vivienda, desglosando su paquete de medidas en dos decretos diferentes con el objetivo de atraer el apoyo de sus socios políticos. La situación del mercado inmobiliario y el acceso a la vivienda se han convertido en temas centrales del debate político en el país, lo que refleja una creciente preocupación entre los ciudadanos sobre la asequibilidad y disponibilidad de viviendas adecuadas.