El Gobierno de España ha descartado la posibilidad de moratorias en el nuevo decreto que regula los centros de datos, pese a las advertencias del sector sobre el impacto que esta norma puede tener en las inversiones. En total, se estima que hasta 90% de las nuevas inversiones, que ascienden a 67.000 millones de euros, están en riesgo debido a los requisitos establecidos en la ley. Esta legislación exige que las instalaciones con una potencia superior a 1 MW cubran la mayor parte de su consumo energético mediante generación renovable.
El anuncio fue realizado por el ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, durante el 40º Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones en Santander, organizado por Ametic. López destacó la ambición del Gobierno por posicionar a España como un referente en el ámbito digital, aunque subrayó que las nuevas instalaciones deben ser sostenibles y soberanas.
A pesar de la intención manifestada por el Ejecutivo de colaborar con el sector, la respuesta de la patronal de los centros de datos, SpainDC, ha sido de preocupación. Emilio Díaz, presidente de la asociación, criticó que el texto del decreto ha sido considerado "extremadamente desarrollado", con un corto plazo para realizar alegaciones, que finaliza el 4 de septiembre. Según Díaz, el Gobierno había prometido trabajar junto a ellos, pero las circunstancias actuales no reflejan esa intención.
Fuentes del Gobierno han indicado que no se prevé la introducción de una moratoria y que el texto está siendo discutido con todos los agentes involucrados. López enfatizó que la regulación busca prevenir proyectos especulativos que pudieran saturar la capacidad de la red eléctrica, reservándola para otras actividades industriales. Asimismo, argumentó que este enfoque es necesario para evitar problemas similares a los que han enfrentado otros países, como Irlanda, donde se proyecta que los centros de datos consumirán aproximadamente 32% de la electricidad del país este año.
En este contexto, el Gobierno pretende establecer un modelo que asegure un desarrollo equilibrado de las infraestructuras digitales en España, evitando restricciones futuras que puedan surgir a raíz de un crecimiento descontrolado de los centros de datos. López afirmó que el objetivo es dar un ejemplo de buenas prácticas desde el inicio del proceso.
Contexto: La regulación de los centros de datos en España se enmarca en una tendencia global hacia la sostenibilidad y la eficiencia energética. Países como Irlanda y algunos estados de EE. UU. han enfrentado desafíos relacionados con el consumo elevado de electricidad por parte de estas instalaciones. La transformación digital en España está impulsada por la creciente demanda de servicios en la nube y la necesidad de modernizar la infraestructura tecnológica del país. En este sentido, la administración busca equilibrar el crecimiento del sector con la necesidad de cumplir objetivos medioambientales y asegurar la disponibilidad de recursos energéticos para otras industrias.