El incumplimiento del plazo establecido por Bruselas para eliminar el secreto salarial podría acarrear sanciones significativas para el Gobierno español. La Comisión Europea había fijado el 7 de junio de 2026 como fecha límite para que España implementara la directiva sobre transparencia retributiva, aprobada en mayo de 2023. Sin embargo, hasta la fecha, el Ministerio de Trabajo no ha presentado propuestas formales a los agentes sociales, lo que genera incertidumbre jurídica en las empresas.
A pesar de que la ministra Yolanda Díaz considera la transposición de esta directiva como una de sus "prioridades legislativas", el proceso ha avanzado lentamente, lo que podría resultar en meses de caos para las empresas. La eliminación de la brecha salarial entre géneros es una de las principales metas del Ejecutivo, según la reciente orden para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2027.
En los últimos años, España ha implementado medidas para combatir la desigualdad salarial, como el principio de igual salario por trabajos de igual valor y la obligación de tener un registro salarial desglosado por sexo. Sin embargo, la nueva directiva europea requerirá cambios más profundos en las prácticas salariales del país.