La presión aumenta para el Gobierno: la ley de atención al cliente enfrenta plazos ajustados

El 80% de las empresas aún no tiene sistemas unificados para cumplir con la Ley 10/2025 de Atención al Cliente, que entra en vigor el 28 de diciembre. ¿Cómo afectará esto a los consumidores?

La presión aumenta para el Gobierno: la ley de atención al cliente enfrenta plazos ajustados

La Ley 10/2025 de Atención al Cliente, que debe estar completamente implementada para el 28 de diciembre de 2026, establece plazos estrictos para la atención de reclamaciones y consultas. Entre sus requisitos más destacados, se señala que el 95% de las llamadas personalizadas deben ser atendidas en un tiempo promedio inferior a tres minutos cuando el usuario solicite hablar con un operador. Además, se establece un plazo máximo de 15 días hábiles para resolver quejas y reclamaciones, de cinco días para cuestiones relacionadas con facturación y cobros indebidos, y de dos horas para incidencias que afecten la continuidad de servicios básicos.

Esta normativa afecta a empresas de sectores clave como el suministro de agua, gas y electricidad, servicios de transporte, comunicaciones electrónicas y ciertos servicios financieros. También se aplica a otras empresas que ofrezcan servicios a consumidores, siempre que cumplan con ciertos criterios, como disponer de al menos 250 trabajadores, generar más de 50 millones de euros anuales en volumen de negocio o tener un balance anual superior a 43 millones de euros.

Itziar Martínez de la Sota, directora del área de Experiencia de Cliente en Konecta, ha reconocido que la implementación de la ley está resultando compleja. Según Martínez de la Sota, cada punto estipulado por la normativa requiere una revisión minuciosa para integrarlo en la operativa diaria y en los diversos modelos de negocio de los clientes. Este proceso ha llevado a un rediseño de procesos y ajustes tanto en equipos como en tecnología, adaptándose a un escenario económico amplio.

Los nuevos requisitos de atención al cliente también implican la incorporación de métricas y variables de calidad adicionales, lo que, según Martínez de la Sota, no solo afectará al presupuesto del próximo año, sino que representará un aumento recurrente en los costos en los años venideros. Las empresas están recibiendo reacciones variadas de sus clientes sobre estas medidas, algunas de las cuales son vistas como más naturales por parte del consumidor.

En este contexto, el 80% de las empresas aún no cuenta con sistemas unificados que puedan certificar el recorrido completo de una reclamación, lo que podría complicar el cumplimiento de la nueva ley ante una posible inspección. La presión para adaptarse a estas regulaciones aumenta a medida que se aproxima la fecha límite, lo que podría generar desafíos significativos para muchas organizaciones.

Contexto: La Ley 10/2025 se enmarca en un esfuerzo más amplio del gobierno español por mejorar la atención al cliente y proteger los derechos de los consumidores. Este tipo de legislación se ha vuelto cada vez más relevante en un mundo donde la calidad del servicio al cliente se convierte en un diferenciador competitivo. La implementación efectiva de esta ley será crucial para las empresas que buscan cumplir con las expectativas de los consumidores y evitar sanciones por incumplimiento.

TL;DR

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Redacción
Redacción Equipo Voz Económica

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