En 2024, las empresas agroindustriales en España registraron únicamente 171 patentes, una cifra que contrasta notablemente con las 4.561 patentes registradas en la Unión Europea y las 9.921 patentes en Estados Unidos. Este bajo nivel de protección de la propiedad industrial entre las pequeñas y medianas empresas (pymes) españolas, que representan el 99,8% del tejido productivo del país, pone de manifiesto una debilidad estructural en el sector.
Un informe del Instituto Cerdá, parte de la novena edición del Observatorio de Innovación en Gran Consumo en España, revela que, por cada 1.000 millones de euros en facturación, las pymes en el sector agroindustrial generan apenas 2,2 patentes, en comparación con las 6,7 patentes de la media de la Unión Europea. A su vez, la brecha se amplía en Estados Unidos, donde la media asciende a 26,9 patentes.
A pesar del aumento en la producción de publicaciones científicas en I+D+i, la conversión de este conocimiento en patentes es insuficiente. En el ámbito agroindustrial, la relación entre publicaciones y patentes ha pasado de 19 publicaciones por patente en 2018 a 32 en 2024, indicando que la protección legal de las invenciones no sigue el mismo ritmo que el crecimiento del conocimiento académico. Se hace evidente la necesidad de implementar políticas que apoyen la innovación y su protección legal, especialmente para las pymes y los autónomos, que enfrentan desafíos adicionales debido a márgenes económicos ajustados y recursos limitados.