La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento de infracción contra España y otros diecisiete Estados miembros de la Unión Europea debido a la falta de incorporación de la nueva Ley de Cotización en su legislación nacional. Esta normativa, que pretende facilitar la salida a bolsa de las pequeñas empresas, debía ser implementada antes del 5 de junio de 2026. Bruselas ha enviado cartas de emplazamiento a estos dieciocho países, otorgándoles un plazo de dos meses para ofrecer una respuesta.
Si las respuestas no son satisfactorias o no se presentan en el plazo establecido, la Comisión podría llevar a estos países ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplimiento de la normativa comunitaria. La Ley de Cotización incluye medidas que buscan mejorar el acceso de las pequeñas empresas a los mercados de capital, como la flexibilidad en el pago por la investigación financiera realizada por terceros, lo cual es fundamental para garantizar información fiable sobre estas empresas.
Además, la normativa simplifica el proceso para aquellas compañías que deseen salir a bolsa, lo que podría resultar en un ahorro aproximado de 100 millones de euros anuales en costes de cumplimiento para las cotizadas de la UE, según estimaciones de la Comisión Europea. Entre los países que también han sido objeto de esta infracción se encuentran Bélgica, Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Irlanda, Grecia, Francia, Croacia, Chipre, Hungría, Letonia, Malta, los Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía y Eslovenia.
En otro ámbito, la Comisión ha abierto un segundo procedimiento de infracción dirigido a España y otros veinte países por no haber transpuesto la revisión del reglamento EMIR. Este reglamento establece nuevas normas para gestionar los riesgos en las operaciones con derivados realizadas por fondos de inversión colectiva mobiliarios y que son compensadas a través de una contrapartida central (CCP). Las nuevas disposiciones otorgan a los supervisores herramientas y poderes adicionales en situaciones de riesgo excesivo, según ha indicado la Comisión en un comunicado.
Las autoridades españolas cuentan ahora con un plazo de dos meses para responder a las cartas de emplazamiento enviadas desde Bruselas, en un contexto donde la regulación financiera es cada vez más prioritaria para garantizar la estabilidad del mercado.
Contexto: La falta de adaptación de la legislación española a las normativas comunitarias refleja un desafío continuo para el país en su relación con la Unión Europea. La Ley de Cotización está diseñada para fortalecer el acceso de las pequeñas y medianas empresas (pymes) al mercado de capitales, un sector crucial para el crecimiento económico en España. La revisión del reglamento EMIR, por su parte, busca mejorar la supervisión de los riesgos en el ámbito financiero, una medida que se hace especialmente relevante en el actual entorno económico, caracterizado por la incertidumbre y la necesidad de mayor transparencia en mercados financieros.